EN LO PRINCIPAL; Demanda por atentado a la Libre Competencia ...

soporta las demoras, constituyendo esta practica un verdadero castigo a los
productos líquidos, y un subsidio inexplicable por decir lo menos a aquellos productos
que se transportan por contenedores.
22. Creemos que las normas Constitucionales citadas, y las normas jurídicas
contenidas en la Ley 19.542,
que obligan a las empresas portuarias a dar
cumplimiento a principios del orden público económico en la administración de un bien
público como son los frentes de atraque, dejan de manifiesto que el Legislador, si bien
entrega al concesionario la administración de dicho bien, estos bienes no pierden su
naturaleza de bien público, y por lo mismo deben ser administrados con las
limitaciones que impone su naturaleza.
23. En la legislación portuaria antes citada, se establece el deber de las
empresas portuarias de garantizar el uso público del bien; la entrega de un servicio
no discriminatorio; la aplicación también de tarifas no discriminatorias; la obligación
primera del Directorio de esas empresas de promocionar la libre competencia; el
derecho a la libre elección por parte del usuario; la publicidad de las tarifas etc.
Incluso se limita la licitación de frentes de atraque si no existen otras alternativas para
la atención de naves similares.
24. Lo anterior es el reflejo de la gran diferencia que debe existir entre la
administración de un frente de atraque privado y uno público. En un frente de atraque
privado, es el propietario del mismo quien decide cuando y como atender, y establece
las prioridades que estime convenientes. En cambio en un frente de atraque
público, el uso debe beneficiar a todos por igual , y sin discriminar a los agentes
económicos y usuarios del mismo, a lo menos en los servicios básicos como
expresamente esta ordenado.
25. El concesionario STI Terminal Internacional S. A. en la etapa de entrega de
su oferta económica en virtud de la cual se adjudicó la concesión del frente de
atraque, señaló claramente cuales eran sus tarifas para los servicios básicos, y estuvo
en condiciones de proyectar sus ingresos en base a ello. También se obligo y aceptó
que no debía discriminar en la prestación de los servicios.
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