EN LO PRINCIPAL; Demanda por atentado a la Libre Competencia ...

- Art. 22; "Cada empresa debe contar con un reglamento interno de uso de frentes
de atraque para cada puerto de su competencia, …. Este Reglamento deberá
conformarse a criterios técnico objetivos y no discriminatorios, propenderá a
un uso eficiente de la infraestructura portuaria y a un desarrollo armónico de la
actividad, y garantizará el derecho a la libre elección de los usuarios respecto
de los servicios que se presten en los frentes de atraque, y la autonomía de los
particulares que ejercen funciones dentro de los mismos, limitándose a lo
indispensable para su buen funcionamiento. El referido reglamento, formará
parte integrante de las bases de toda licitación de frente de atraque".
- Art. 31; "Corresponderá al Directorio la administración y representación de la
empresa con las más amplias y absolutas facultades,….. …….en el cumplimiento
de sus funciones, el directorio deberá, especialmente, entre otras: 1) Promover la
competencia en el interior de los Puertos. 2) Procurar un trato no discriminatorio
a los usuarios de los Puertos y Terminales. 3) Velar por que no se limiten las
posibilidades de desarrollo y expansión de los puertos".
5. De acuerdo al citado Art. 22 de la Ley 19.542, la Empresa Portuaria de San
Antonio dictó el Reglamento de Uso de Frente de Atraque (Dcto. Nº1) . Este
documento no hace sino hacer aplicación de las normas generales que establece la
Ley, acerca de la forma en que se garantiza el uso no discriminatorio de los frentes de
atraque, y entre otras disposiciones lo siguiente:
- Art. 19; " Las normas y procedimientos que se establezcan en el Reglamento y en
los manuales, se orientarán a otorgar un trato no discriminatorio a los usuarios
de los frentes, un uso eficiente de la infraestructura y un desarrollo armónico y
sustentable en el largo plazo de la actividad Portuaria".
- Art. 22; " Los concesionarios serán responsables de elaborar sus respectivos
Manuales. Estos Manuales, así como sus modificaciones, deberán contar con un
certificado extendido por un auditor técnico externo, calificado que acredite
que las normas y procedimientos establecidos, se atienen a la prescripción legal de
no permitirse conductas discriminatorias por parte del concesionario".
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