11-0-27100-02-0052 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
De la revisión al expediente de responsabilidad núm. 0024/2008 por 6,915.6 miles de pesos,
se observó lo siguiente:
• Se comprobó que la Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores
Públicos Sancionados remitió la resolución firme a la ALR del Sur del D.F., 463 días
naturales después de que se emitió la Sentencia del Decimoctavo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se negó el Amparo y Protección
Federal al servidor público.
Derivado de la reunión de presentación de resultados finales la SFP informó lo siguiente:
Con relación a los diversos criterios que se identificaron para determinar el importe de las
sanciones económicas cuando existen dos o más servidores públicos involucrados, la DGRSP
precisó que para la imposición de las sanciones económicas de carácter administrativo, la
secretaría las establece de acuerdo con el monto de los beneficios económicos obtenidos
por el responsable y los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u
omisiones, los cuales no podrán exceder de tres tantos de dicho monto ni ser menores o
igual al mismo, y tomando en consideración diversos elementos como el empleo, cargo o
comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, a efecto de
individualizar la sanción.
Por su parte, el Titular del Área de Responsabilidades del OIC en la CFE reiteró los
argumentos mencionados por la DGRSP y señaló que la ASF no precisó la norma legal que
sustente la obligatoriedad de definir un criterio.
Al respecto, la ASF considera que si bien no existe una norma legal que obligue a definir un
criterio para determinar el importe de las sanciones económicas cuando existen dos o más
servidores públicos involucrados, es conveniente que se especifiquen criterios para asegurar
que los OIC determinan las sanciones individualizando la sanción para cada servidor público,
debido a que se observaron criterios en los que no se individualiza.
De la observación de que no están registrando en el SPAR todos los medios de impugnación
que presentan los servidores públicos y no actualizan su estatus final cuando ya se tiene la
última resolución, la DGRSP manifestó que los OIC no se encuentran obligados a registrar en
el SPAR, sino en el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) donde capturan las
sanciones impuestas a los servidores públicos y las resoluciones por las que se dejen sin
efectos. No obstante lo anterior, comunicó que se encuentran en etapas de pruebas de la
interconexión de los sistemas SPAR y RSPS para contar con un servicio de comunicación de
datos que involucre la información de ambos sistemas y entre las ventajas que plantea la
interconexión de los sistemas, es la relativa a que al registrarse las sanciones en el RSPS se
trasladen al SPAR con lo cual se actualizaría automáticamente el status final de las sanciones
impugnadas.
Asimismo, remitió copia de la metodología de Desarrollo que está realizando la Dirección
General de Tecnologías de TI para la interconexión de los sistemas SPAR-RSPS, que contiene
un módulo para administrar los medios de impugnación.
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