11-0-27100-02-0052 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011
Del expediente de responsabilidad núm. 531/2008 por 14,842.0 miles de pesos, donde se
observó que debiendo emitir la resolución en un plazo de 45 días hábiles se resolvió 791
días después, el OIC en el IMSS informó que el hecho de que no se emita la resolución en el
plazo establecido, no implica una transgresión a la garantía de seguridad jurídica de los
servidores públicos sujetos a procedimiento, ya que la tardanza en el pronunciamiento
respectivo no libera a esta autoridad de su emisión, pues ciertamente lo relevante de esto
se encuentra en la determinación de la situación jurídica de los involucrados, sin cobrar
importancia el tiempo en que tal pronunciamiento se dicte.
Asimismo, complementó su argumentó con las tesis 1ª.LXV/2009 y I.4o.A.779 A de fechas de
abril 2009 y agosto 2011, respectivamente; las cuales indican que el hecho de no dictar la
resolución dentro del plazo de cuarenta y cinco días no viola la garantía de seguridad
jurídica en perjuicio de los servidores públicos sujetos a procedimiento.
Al respecto, la ASF considera que el OIC no proporcionó información que justifique el hecho
de que no se emitiera la resolución dentro del plazo de los 45 días que marca la LFRASP, sólo
se pronunciaron respecto a que no se violó la garantía de seguridad jurídica en perjuicio de
los servidores públicos sujetos a procedimiento.
Asimismo, del mismo expediente 531/2008 y respecto a la sanción que fue impugnada y
ganada por el servidor público sancionado, el OIC en el IMSS reconoció que el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa agotó hasta la instancia relativa al Recurso de
Revisión Fiscal, el cual no prosperó y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución
emitida, al no poder acreditar esta autoridad la normatividad violada ni el cargo del servidor
público.
Por lo anterior la ASF considera que es conveniente evaluar la actuación de los servidores
públicos que omitieron integrar el procedimiento de responsabilidad administrativa con los
elementos necesarios que aseguraran la firmeza legal de las sanciones determinadas.
Con relación al expediente de responsabilidad núm. 518/2009 donde se observó que tres
sanciones económicas impuestas por un total de 9,872.2 miles de pesos fueron impugnadas
y ganadas por los servidores públicos, el OIC indicó que en el referido expediente se
sancionaron a 5 servidores públicos, y a la fecha se han emitido 5 sentencias por el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declarando la validez en 3 de ellas, 1
sobreseimiento y sólo una nulidad lisa y llana; en el caso de las 3 sentencias de validez éstas
se encuentran subjudices por haber interpuesto los servidores públicos juicio de amparo, y
en el caso de la Nulidad Lisa y Llana, se agotó la instancia del Recurso de Revisión Fiscal en el
cual se determinó confirmar la sentencia de nulidad; sin embargo, la misma derivó de la
falta de publicación de los Manuales del IMSS, mas no por falta de acreditar el hecho de la
irregularidad.
Al respecto, la ASF no pudo comprobar las aclaraciones vertidas por el OIC en el IMSS
debido a que no remitió el soporte documental correspondiente.
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