deuda externa alejandro olmos

capitales creció desproporcionadamente; cuando unos y otros se quisieron
ir, las reservas resultaron insuficientes y la contracción del circulante no
pudo ser aplicada, ya que sólo en los modelos teóricos es posible rescatar
una porción del dinero en circulación a medida que se venden los dólares
de la reserva.
Corroborando con creces lo denunciado por Olmos, las pericias señalan
que el endeudamiento externo no ha beneficiado al sistema productivo,
ni a la infraestructura, ni ha mejorado la capacidad de pago para permitir
cancelar -aunque sea parcialmente- las obligaciones asumidas; y
en su conclusión básica: que el acrecentamiento de la deuda externa carece
de justificación económica, financiera y administrativa; indicando
los responsables, que las consecuencias actuales y futuras han dañado
el prestigio del país, que consideran probadas las denuncias, las fuentes
documentales del estudio, y los fundamentos.
Como objeto de estudio, interesa verificar cómo se fue endeudando a las
distintas empresas públicas, en muchos casos sin una necesidad financiera
de endeudamiento externo que lo justificara. El caso de YPF es el más
grosero y escandaloso de todos, pues por un lado el Estado le hacía pagar
por el crudo un precio superior al que debía venderlo a las refinerías, y por
otro se la endeudó desmesuradamente, sin dejarle evitar el riesgo cambiarlo,
perjudicándola gravemente, y si no se llegó a la insolvencia fue por
la magnitud de su patrimonio, logrado a través de décadas con el esfuerzo
y trabajo de los argentinos.
El expediente de la "deuda externa" y el presente libro también deberían
ser una fuente de estudio y de reflexión para gobernantes y políticos,
pues hasta que no haya un conocimiento y concientización explícitos y generalizados,
los hechos no se transformarán en experiencia. Ellos deben entender
que los países deudores tienen condicionadas sus políticas, su situación
relativamente independiente y aun su existencia como naciones.
La "deuda externa" merece mayor atención respecto de su origen y la
forma en que se gestó, que la que causa desde su gestación, su administración,
refinanciación, negociaciones y diferimíento en "eternum per sécula
seculorum". Los centros de estudios deberían alternar las teorías, muchas
veces impracticadas o impracticables o insufladas de coloniaje cultural, con
el estudio minucioso de los hechos, herramientas, procedimientos y políticas
para desarrollar una deuda absurda e inmerecida. A efectos de generar
un contexto de control en la sociedad futura, debe expandirse ese conocimiento;
ello permitirá vigilar la acción de los gobernantes.
A propósito de ello, es de hacer notar que en las democracias no se tolera
la más mínima violación o limitación de los derechos, lo cual es muy loable
y correcto -por ejemplo, la libertad de prensa-, sin embargo resulta llamativo
que algunos medios de control democrático, como ser centros de
estudios, opinión pública, fundaciones, asociaciones, referentes mediáticos de
máximo encumbramiento, permanecieron y permanecen impasibles, ignorantes
y confundidos, mientras se contrajo y se refinancia una deuda que si no
se tuerce el curso de la historia afectará a varias generaciones, violándose
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descaradamente los derechos económicos y sociales amparados por nuestra
Constitución y tratados internacionales.
También llama la atención que los grandes medios, con excepción de
muchos pequeños medios del interior, mantuvieron en silencio durante muchos
años la cuestión del origen y el fraude de la deuda, en especial lo relacionado
con la causa iniciada por Olmos y su resolución final; pero en los últimos
tiempos, como si despertaran de un largo sueño, todos a coro y sin
desafinar, ante vaya a saber uno qué directivas, y como montándose en el caballo
del dueño de la verdad para jinetearlo según sus intereses, con total inescrupulosidad,
gatopardismo y falta de honradez intelectual, toman conocimiento
que existió un patriota llamado Olmos y de la investigación que
impulsó, pero se cuidan muy bien de no profundizar en el origen y la constitución
ilícita de dicha deuda; allí ya entran en las cuestiones técnicas de la
negociación.
En síntesis, entiendo que a partir de la causa "Olmos" se dieron a luz suficientes
motivos por los cuales no se debe pagar la supuesta deuda externa
que pretenden cobrarnos; entre otros motivos, los más importantes: por el
origen de los préstamos; por las condiciones de los préstamos; por la renuncia
a la soberanía; porque muchos de los actos considerados de "endeudamiento"
se los puede caracterizar como ilícitos; por el destino del dinero recibido
en préstamo; porque a la deuda pública contraída por el Estado se sumó
también como pública la deuda que habían contraído en su propio beneficio
las empresas privadas; porque la llamada "deuda externa"ya fue pagada con
creces; porque gobiernos del período llamado democrático, posteriores al auto
denominado "Proceso de Reorganización Nacional", pagaron a los acreedores
externos sin que el órgano pertinente -Poder Legislativo de la Naciónhaya
investigado tal endeudamiento y así poder ARREGLAR la deuda externa,
conforme lo establece la Constitución Nacional.
Entiendo también, reafirmando lo denunciado por Olmos, que lo que antecede
se corrobora y complementa con la propuesta del jurista argentino, el
Dr. Miguel Ángel Espeche Gil, de consulta a la Corte Internacional de Justicia
de La Haya, señalando en dicha propuesta la existencia de cuatro vertientes
básicas de ilegitimidad de la deuda externa:
a) La del origen.
b) El usurario aumento.
c) Los acuerdos provenientes del Plan Brady.
d) La ilegitimidad que se da en los casos de los países en los que sus respectivos
negociadores gubernamentales -quienes acordaron en nombre de sus
respectivos gobiernos los términos del Plan Brady- renunciaron poco después
a sus cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse como
directivos precisamente de las entidades financieras beneficiadas con los
acuerdos.
En dicha propuesta se establece que deben aplicarse los principios generales
del derecho de las naciones civilizadas, que se encuentran legislados
y reconocidos en la mayoría de los códigos civiles y legislaciones de las na-
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