deuda externa alejandro olmos

a cuanto ha sido objeto de nuestro estudio. Nuestro criterio se refiere, principalmente,
a cuanto concierne a las responsabilidades administrativas y
contables por los comportamientos verificados. La impericia, la negligencia
y una constante actitud indiferente hacia toda crítica han quedado fehacientemente
evidenciadas. Si ello configura o no el marco necesario para
la tipificación de los delitos de abuso de autoridad, violación de
los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales
públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública, alteración de la paz social y la seguridad de la Nación,
es materia que no entra en nuestra competencia profesional. Sin embargo,
nos permitimos llamar la atención sobre la necesidad de profundizar
la investigación pues los indicios que hemos obtenido nos llevan a presumir,
fundadamente, que la responsabilidad de los denunciados no termina
por el hecho de haber cesado ya en sus cargos.
1.5 Corresponde extender el análisis de los hechos hasta el 9 de diciembre de
1983. Las modalidades operativas cumplidas durante el año en curso
hasta la asunción de las autoridades constitucionales, por lo que hemos
podido conocer, no difieren, en lo esencial, de las que motivaron la pericia.
Así lo entendió, en su momento, el juez, al ampliar el período bajo investigación
al lapso comprendido entre abril de 1981 y diciembre de 1982.
II. Fuentes documentales del estudio
2.1 Nuestro estudio resulta de una evaluación técnica, a la luz de los principios
propios de las ciencias que constituyen nuestra especialidad académica,
del material que hemos compilado, después de efectuar las numerosas
diligencias de que fuimos informando oportunamente al
Tribunal o por intermedio del Cuerpo de Peritos Contadores
Oficiales de la Justicia Nacional. En tales diligencias hicimos requerimientos
escritos y verbales a distintos órganos de la Administración
Pública, con el resultado que también consta en el expediente
de la causa y en el legajo de actuaciones que obra en el citado Cuerpo
de Peritos.
2.2 Hemos acudido, además, a otras fuentes documentales, de las cuales podemos
mencionar:
a material público difundido por el Ministerio de Economía y por el
Banco Central;
b estudios sobre la economía del país, publicados por la Comisión Económica
para América Latina y otros organismos internacionales;
c trabajos sobre el endeudamiento externo, producidos por el Fondo
Monetario Internacional;
d colaboraciones, datos y noticias que han divulgado publicaciones periódicas
especializadas, o revistas técnicas, tales como Euromoney,
Indicadores de Coyuntura, Interpretación Económica, Orientación
Financiera, Boletín Informativo Techint, Informe Económico de Coyuntura
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capi-
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tal Federal, Boletín del FMI, Foro del Desarrollo de las Naciones Unidas,
Transparencia (de la Comisión Nacional de Valores), Coyuntura
y Desarrollo,
Material estadístico del INDEC y el que publica el Boletín Estadístico
del Banco Central, como también el que es procesado e interpretado en
algunas de esas publicaciones o en el periódico Informe sobre el Desarrollo
Mundial, del Banco Mundial, han sido asimismo, fuentes importantes
para la formulación de nuestro estudio.
III. Fundamentos de nuestra conclusión básica
3.1 Se han agregado al expediente de la causa y al legajo abierto en el Cuerpo
de Peritos numerosos informes, presentaciones, actas, documentos, actuaciones,
notas o escritos que justifican nuestra conclusión básica. Nos remitimos
a todo ello en la caída que su lectura favorece el propósito de no extender
demasiado este Informe. Sin embargo, por su importancia, al efecto
pertinente, mencionamos resumidamente que:
1. En el informe del 6 de junio de 1983 señalamos haber verificado situaciones
irregulares en la Secretaría de Hacienda y en el
Banco Central por lo que se refiere a la colocación de Letras de
Tesorería en moneda extranjera (a partir de 1977) y ala concertación
de operaciones financieras por el Banco Central. Algunos de
estos actos se efectuaron sin satisfacer los requisitos legales y
reglamentarios pertinentes (fs. 157 del legajo obrante en el Cuerpo
de Peritos).
2. Según las actas labradas en el Ministerio de Economía en fechas
23 de mayo de 1983 y 18 de julio de 1983 (fs. 122 y fs. 243 del legajo
cit.), hemos advertido una actuación discrecional en la concertación
de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional
a partir de 1976. Los instrumentos firmados no fueron
dados a publicidad en el país. Su importancia, al efecto de la pericia,
resultará de consideraciones que haremos más adelante en
este Informe.
3. La información suministrada por el Banco Central en su Nota E.
18850/83, del 15 de junio de 1983 (fs 172), sobre las operaciones de
inversión automática por intermedio del Federal Reserve Bank, de
Nueva York (Estados Unidos) y sobre aceptaciones de bancos de esa
plaza permite establecer una actividad discrecional de las autoridades
del Banco Central. Ello originó nuestro requerimiento del
25 de julio de 1983, también referido a otras colocaciones en el exterior
de las reservas internacionales del país. Su contestación, por Informe
N" 642/33, recibido en el Cuerpo de Contadores, confirma que
tales autoridades han ejercido sus funciones sin contar con la aprobación
previa del Ministerio de Economía, ni con informes técnicos
sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de cada colocación.
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