deuda externa alejandro olmos

legal para la insolvencia internacional o compensación por daños a la economía,
ninguna de estas instituciones, como tampoco los Bancos Públicos o
Privados se enfrentan al riesgo de multas legales o financieras por préstamos
ilegales, corruptos o ilegítimos a deudores soberanos. Más aún: el daño
ocasionado por negligencia grave no afecta a las instituciones financieras internacionales.
Perversamente, a un préstamo que ocasiona daños le sigue
otro para reparar el daño, y la espiral de perjuicios aumenta sin solución de
continuidad.
Esta es la realidad, no de un modelo sino de un sistema que es inmune
a los distintos modelos, y que sólo es objeto de modificaciones coyunturales
para que siga subsistiendo con eficacia. T. Veblen lo describió magistralmente
y Galbraith, en su célebre obra La sociedad opulenta, puso muy
en claro muchos de sus mecanismos. Se trata del dominio de los que tienen
acceso al capital financiero y lo controlan, y no dan cuenta ni al mercado, ni
al estado de derecho, ni a las instituciones democráticas.
La globalización como una forma virulenta y actualizada del capitalismo
ha demostrado, en las últimas dos décadas, su poder destructivo sobre los
pueblos pobres, endeudando a límites no conocidos a los países en vías de
desarrollo. Joseph E. Stiglitz, en El malestar de la globalización, ha efectuado
una ajustada descripción del sistema y la perversidad de sus consecuencias
sobre los pueblos.
El complejo entramado de funcionarios, legisladores, magistrados, banqueros,
empresarios y organismos como el FMI y el Banco Mundial, ha permitido
-hay que tener la debida conciencia de ello- que haya una continuidad
funcional en el fraude del endeudamiento externo, que sin la complicidad
de todos ellos no podría haber subsistido hasta hoy. Quizás en los comienzos,
allá por 1976, los procedimientos no fueron muy prolijos, pero luego se perfeccionaron
los mecanismos operativos a través de diversas formas de ingeniería
financiera, que consolidaron la estructura de la deuda bajo la apariencia
de la legalidad.
Los que participaron en la destrucción de nuestra economía son, con algunas
variantes, los que hoy aparecen ocupando cargos en los tres poderes
del Estado. Son los mismos que por acción u omisión han conducido a la Argentina
a su actual estado de postración, condicionando sus posibilidades futuras
y convirtiéndola en coto de caza de los mercados financieros, las empresas
transnacionales y los organismos multilaterales de crédito, quienes
continúan con su operatoria y persisten en exigencias para obtener lo que
aún subsiste, presionando al Gobierno Nacional a aceptar las decisiones que
se toman desde el exterior. El reciente acuerdo con el FMI es un claro ejemplo
de ello. Las mismas recetas de siempre, los mismos planteos, la misma
insolencia del poder.
Hace tres años que la cuestión de la deuda estalló, mostrando las aristas
de su extrema peligrosidad para el adecuado funcionamiento de nuestra
economía. Durante la gestión del Dr. Menem, nadie habló de lo que significaban
las obligaciones externas, y la casi totalidad de la clase política miraba
hacia un costado cuando aparecía un circunstancial cuestionamiento. Todos
sostenían que se trataban de compromisos ineludibles y que discutirlos
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significaba arriesgarse a provocar una catástrofe de imprevisibles consecuencias.
Parecía que las apocalípticas predicciones de Baglini, en 1984, se
harían realidad si se enfrentaba el problema con una concepción distinta de
la utilizada hasta ese momento. Los economistas referenciales, a cuyo magisterio
se apelaba, tenían el mismo discurso: "hay que pagar". Toda la cuestión
referida a un posible ilegitimidad de las obligaciones fue siempre considerada
como un mero ejercicio de diletantes, carentes de toda formación
económica, o parte del habitual discurso de los grupos de izquierda.
Naturalmente, que el meollo de esta concepción está en considerar la
imposibilidad de que la Argentina tenga un destino independiente, y que deba
someterse a un esquema de poder en el que su capacidad de decisión no
exista. Lo ha explicado muy bien, con su habitual franqueza, el politólogo
Carlos Escudé, que fuera asesor del canciller Di Telia y frecuente visitador
de los claustros universitarios de los Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes
financian con suculentos subsidios sus desbordes intelectuales. Al exponer
su teoría de lo que él llama "el realismo periférico" ha planteado que en
el actual esquema del poder, son los Estados Unidos quienes deben regir
nuestra política, establecer el funcionamiento de nuestra estructura económica
regular, nuestra capacidad militar, y el que nos fije el espacio geopolítico
que le convenga. Esta transparente exposición de realidades no quiere
ser advertida por la clase política, que atada a las formalidades de la democracia
y no a su real ejercicio, no toma debida conciencia de que, con el actual
sistema, la Nación no tiene destino.
Hay un proyecto de país que lleva más de 26 años de vigencia, más allá
de algunas variantes superficiales en el manejo de la administración del Estado,
que observaron los dos partidos que se turnaron en el poder después de
la finalización de la dictadura. El problema del endeudamiento ha permanecido
invariable en cuanto a las modalidades desde su estructuración en
1976.
Como consecuencia de la dictadura, se gestó la deuda: el gobierno radical
negoció como pudo, aceptando las imposiciones habituales, pero no fue
mas allá en incrementar la misma de lo determinado por las sucesivas renegociaciones,
hasta que abruptamente se cortaron los pagos.
Fue al llegar Menem al poder cuando se pusieron en ejecución los planes
proyectados por los mercados financieros, y se siguieron fielmente las recetas
del Fondo. El resultado es ampliamente conocido: jubilaciones en manos
de financistas; transnacionalización de la estructura bancaria; una
educación pública limitada a lo indispensable y con graves carencias; la estructura
industrial básica en mano de capitales extranjeros; una atención
sanitaria deficiente; las empresas públicas liquidadas a precios de remate;
una desocupación escalofriante con niveles de indigencia sin antecedentes, y
por último, un Estado reducido a ser un mero ente administrador de lo poco
que queda. Las pruebas del éxito de este proyecto imperial y desintegrador
están a la vista.
En este penoso pero necesario recordatorio de la tragedia argentina, no
está además insistir en algunos datos, para que los desmemoriados de siempre
no nos sigan embaucando con sus fuegos de artificio.
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