deuda externa alejandro olmos

El 10 de enero de 1984, el juez Martín de Anzoátegui, a cargo del Juzgado
en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, envió un oficio al Congreso
(se publica en este libro) en el marco de la causa "Olmos Alejandro s/denuncia
por defraudación a la Administración Pública", manifestando que el tema
de la investigación de la deuda excedía las posibilidades del Juzgado, y
que siendo el Parlamento el que por mandato constitucional tiene la facultad
de arreglar la deuda pública, debe intervenir para llegar a un esclarecimiento
definitivo del tema. Al poco tiempo de ingresado el oficio judicial, los
diputados justicialistas Adán Pedrini y Miguel Unamuno presentaron un
proyecto para la creación de una Comisión investigadora. A pesar de las resistencias
del bloque radical, la iniciativa se trató sobre tablas.
En agotadoras y extenuantes sesiones hablaron los diputados de todos
los bloques, muchos de los cuales siguen actuando hoy en el Parlamento. El
Dr. Raúl Baglini, en ese entonces presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, se opuso a la creación del ente investigativo y por supuesto a la
posibilidad del no pago de la deuda. Su facundia oratoria lo llevó a plantear
un panorama apocalíptico de no cumplirse con el pago de las obligaciones.
Federico Storani y Leopoldo Moreau sostuvieron que la deuda era inmoral.
Alvaro Alsogaray planteó que la deuda no era "moral ni inmoral, era deuda
y lo grave la forma en que fue contraída". El peronismo que apoyó la iniciativa
no pudo imponer el proyecto que fue rechazado por la mayoría. Las sesiones
del Senado fueron parecidas en cuanto a la intensidad del debate, pero
igualmente nada se resolvió.
La Comisión de Ilícitos del Senado se disolvió sin tener voluntad de investigar
nada, y la deuda siguió en cuanto a su negociación en manos del
Ejecutivo. El Congreso siguió evadiendo sus responsabilidades, como lo hace
hasta ahora. Sus sesiones resultan un verdadero compendio de hojarasca
dialéctica, la prosopopeya es cultivada con esmero, y muchas veces parece
que todos hubieran perdido la memoria. Los enfrentamientos entre los bloques
forman parte del folclore parlamentario. Después de los gestos destemplados
y la iracundia verbal, todos confraternizan como si nada hubiera ocurrido.
Hace más de quince años que se legisla de espaldas a la Nación y a las
necesidades del Pueblo, y como testimonio irrecusable de esa vergüenza allí
están las leyes, que muchos contestatarios de hoy votaron por disciplina partidaria,
como si el destino de la República debiera subalternizarse a los intereses
de los grupos políticos.
La Corte Suprema no escapa a las responsabilidades que debió asumir
como el máximo Tribunal de la Nación. En la última década observó una sumisión
a la política del Poder Ejecutivo, convalidando atropellos como la causa
judicial de Aerolíneas, y resolviendo no como el Tribunal de las garantías
constitucionales, sino como el instrumento legal funcional a las decisiones
del presidente Menem. La justicia federal no le ha ido en zaga, y una apreciable
cantidad de causas fueron desviadas a un punto muerto. La que investigó
la deuda es un claro exponente de esa claudicación judicial.
No debe olvidarse como partícipe destacado del fraude de la deuda al
empresariado, que obtuvo abultadas ganancias a través de la estatización
de la deuda en 1982, perfeccionada en 1985 y concluido su arreglo definiti-
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vo en 1992. Los responsables de los grandes grupos empresarios que continuamente
hablan de la ineficiencia del Estado y lo han presionado durante
décadas para vivir a sus expensas, transfiriéndole sus desafortunados negocios,
obteniendo financiación para sus aventuras especulativas, tolerancia
y comprensión para las operaciones fraudulentas que se llevaron a cabo,
realizaron una fuga de capitales superior a los 120.000 millones de
dólares, sustraídos al circuito de la producción y que no generan rédito alguno
nada más que a sus usufructuarios. Ese estado tan vilipendiado ha tolerado
que la parte sustancial de los créditos de los Bancos se destine a un
conocido conjunto de empresas que son las eternas beneficiarías de un sistema
prebendario y corrupto.
Un ejemplo paradigmático del sistema de lo que podríamos llamar "subsidios
estatales sin retorno", es el caso del célebre fundador de Loma Negra
S. A., Alfredo Fortabat. En 1935 la deuda incobrable con el Banco de la Nación
era de $ 12.500.000. Una cifra astronómica para la época. Posteriormente,
a través de diversos mecanismos siguió transfiriendo deudas al Estado
y licuando pasivos. Ese viejo ardid tuvo su correlato en las dos últimas
décadas con empresas como Aluar, Cargill, Renault Argentina, Suchard, Cogasco,
IMPSA y una larga lista que aparece en el apéndice de este libro.
Entre los corresponsables del endeudamiento están sin duda las instituciones
multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Club de París,
que conforman junto a los Bancos acreedores una asociación transitoria para
todo lo que tenga que ver con la deuda. La responsabilidad del Fondo Monetario
es innegable y está documentada, ya que siempre tuvo conocimiento
de cómo se gestó la deuda y se instrumentaron las diversas operaciones.
Desde los inicios de la dictadura, monitorearon con eficacia los procesos de
endeudamiento y refinanciación de los préstamos, además de tener una delegación
permanente con oficinas en el Banco Central.
El FMI y el Banco Mundial no están sujetos a las fuerzas del mercado,
sino que son instituciones respaldadas por los Estados que las controlan
(Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Francia, etc.) y que no
rinden cuenta a los miembros de sus elencos directivos que no pertenezcan
al G7, ni a los pueblos de las Naciones deudoras que sufren el impaco de sus
políticas.
Los funcionarios del FMI son únicamente responsables ante el Tesoro
de los Estados Unidos, y se manejan con la suficiente autonomía estructural
para imponer sus planes de ajuste.
El FMI y el Banco Mundial obtienen sustanciales ganancias al prestar
a los países pobres (lo suficiente para cubrir sus costos administrativos, que
son cuantiosos) imponiendo siempre condiciones que agravan las condiciones
económicas de aquéllos. Además, son instituciones protegidas, no sujetas
a riesgos y pérdidas. En contraste, los deudores soberanos están expuestos a
la ira de las fuerzas del mercado, y al carecer de toda protección legal, rara
vez se les aplican normas mínimas que tengan que ver con los principios generales
del derecho.
Ante la falta de una ley internacional que rija las relaciones entre acreedores
y deudores soberanos, o en otras palabras, ante la falta de un marco
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