deuda externa alejandro olmos

Cuando Menem asumió el Gobierno, la deuda llegaba a los 63.000 millones
de dólares, cuando se fue era superior a los 150.000 millones, previa liquidación
de las empresas públicas y dejando aniquilada la estructura productiva
nacional, en un desguace sin precedentes. Crecieron los niveles de
pobreza y subalimentación, la desocupación superó el 18%, el nivel de vida de
las clases medias llegó a un deterioro que todavía continúa sin detenerse. Cayeron
las tasas de inversión, de productividad y el producto por habitante.
Una de las últimas estadísticas, producto de un estudio realizada por la
consultora Equis, indicaba que en la Capital Federal, el 10% más rico recibe
173,5 veces más que el 10% más pobre. Esa relación era de 17,9% en 1974,
24,1% en 1986 y de 107,4% en 1998. Las empresas transnacionales participaban
en el comercio exterior en 1989 con un 40%, actualmente lo hacen con
un 75%; mientras que la participación en la renta nacional por parte de los
asalariados pasó del 49% durante el gobierno de Perón al 17% que se registra
en la actualidad. Como puede verse, una gran "transformación económica"
que sirvió para transferir la más formidable cantidad de recursos a los
mercados del exterior. Empero esta transnacionalización de la economía no
fue algo accidental, sino un plan orgánico que se puso en ejecución con plena
conciencia de los resultados que iban a obtenerse. Como bien lo definió el
Dr. Jorge Castro, ex secretario de Estado de Menem: "La transnacionalización
de las empresas argentinas era un imperativo que no se podía demorar,
porque era la única forma posible para que la Argentina se insertara en el
mundo". Lo que Castro, por supuesto, no aclaró fue la cuestión de los beneficios
en términos de resultados obtenidos por esa inserción.
Naturalmente, para hacer de la Argentina un país quebrado y sin ninguna
influencia, había que recurrir a una legislación adecuada que permitiera
a los dueños del poder consumar sus propósitos, no estando limitados
por impedimentos legales que pudieran obstruir ese camino.
Cuando se publicó la primera edición de este libro, mi padre puso en evidencia
que la primera ley de la dictadura fue la que modificó el artículo I o
del Código de Procedimientos, que establecía la improrrogabilidad de la competencia
jurisdiccional del país a favor de los tribunales extranjeros. Con el
dictado de la nueva normativa, se hizo posible pactar en todos los contratos
de deuda la jurisdicción de los Tribunales de Londres y Nueva York. Durante
el gobierno de Menem esto se perfeccionó aún más, debido quizás a las especificaciones
requeridas en los Estados Unidos por la Foreing Solvereing
Inmunity Act y su similar británica, debido a lo cual el 15 de septiembre de
1992 se firmó el decreto 1712, en cuyo artículo 5 o se autorizaba a prorrogar
a favor de los jueces extranjeros la competencia jurisdiccional en todos los
contratos de crédito que se suscribieran; pero además se establecía la renuncia
a oponer la inmunidad soberana de la Nación, ante cualquier conflicto
derivado de tales operaciones. El 8 de octubre del mismo año, a través
de la resolución N° 1169, el ministro Cavallo autorizaba a la Secretaría de
Hacienda para que estableciera en los contratos a firmar la prórroga de la
jurisdicción a favor de los Tribunales Federales y Estaduales con asiento en
Nueva York, Londres y otros. Además se dictaron resoluciones idénticas para
casos específicos de emisión de bonos. Finalmente, el Dr. Carlos F. Ruc-
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kauf, como vicepresidente de la Nación, en ejercicio del Poder Ejecutivo, firmó
el I o de enero de 1998, el decreto N° 363, mediante el cual se autorizaba
al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, a incluir
en todas las operaciones de crédito público la prórroga de la jurisdicción a favor
de los Tribunales de Londres, Frankfurt, Madrid, Ginebra, Lausana y
Nueva York, y la renuncia a oponer la inmunidad soberana de la Nación en
toda la documentación a instrumentar con los acreedores, es decir, someternos
en todos los casos a la voluntad de los prestamistas que iban a ser juez
y parte en cualquier litigio.
Pero hay mucho más en esta historia de traiciones y claudicación. En
1992, en consonancia con el dictado de la ley de convertibilidad y la de reforma
del Estado, el ministro Cavallo obtiene del Congreso la ley 24.156
mediante la cual se crea el Sistema de Crédito Público, con amplias facultades
para obtener préstamos externos, renegociarlos y realizar toda clase
de operaciones con absoluta discreción. Los legisladores delegaban en el Ministro
de Economía las facultades que eran indelegables y que le permitieron
manejarse sin los controles legislativos y sin la posibilidad de cualquier
otra injerencia por parte de los otros poderes del Estado. En los diarios de
sesiones está reflejada la indignidad de quienes votaron la ley. Sólo el senador
Luis León se opuso a consentir esa violación de las facultades constitucionales.
En la Cámara de Diputados, sólo una ínfima minoría no integrante
de los bloques mayoritarios se negó a aprobarla, el resto lo hizo sin
dudar.
Finalmente, y a los efectos de controlar todo lo que tuviera que ver con
el sector externo, Cavallo también obtuvo del Congreso la reforma de la carta
orgánica del Banco Central. A través de esa modificación, se transfirió a
la cartera económica todo lo que tuviera que ver con la deuda pública y privada,
lo que incluyó el éxodo de los funcionarios y el traslado de toda la documentación.
Resumiendo:
La deuda externa fue en todos los casos un eficaz instrumento del poder
globalizado para dominar y controlar los mecanismos de nuestra economía.
Los préstamos fueron excepcionalmente al sistema productivo, y en su casi
totalidad a financiar aventuras especulativas y generar un sistema de dependencia
inacabable. A través de la deuda se enajenó la riqueza, se ejerció
el control de las más importantes decisiones del Estado y se empobreció a la
Nación. Y ello siempre fue así. Por eso el Dr. Juan B. Alberdi escribió hace
150 años: "El interés de la deuda cuando es exorbitante y absorbe las entradas
del Tesoro es el peor y más desastroso enemigo público. Es más temible
que un conquistador poderoso con sus ejércitos y escuadras; es el aliado natural
del conquistador extranjero. La América del Sur emancipada de España,
gime bajo el yugo de Londres".
Cuando mi padre publicó este libro, lo hizo con el propósito de aportar
al conocimiento público y al de quienes tenían la responsabilidad del Gobierno
algunas constancias de una investigación que se encontraba en manos
de la justicia y que él promoviera en abril de 1982 ante el Juzgado en lo
Criminal y Correccional Federal N° 2.
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