Los actos y contratos suscritos por medio de firma electrónica, serán igualmente válidos y producirán los mismos efectos que aquellos escritos y en soporte de papel.
En el Diario Oficial de 12 de abril del año 2002 se publicó la ley N° 19.799, que luego fue reglamentada a través del Decreto Supremo N° 181, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 17 de agosto del mismo año, completándose en esta forma la normativa esencial que regulará en Chile la documentación electrónica, la firma electrónica y los servicios de certificación de dicha firma. Conforme a estas disposiciones, se consagra legalmente el documento electrónico, concebido como toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior, así como la firma electrónica, entendida ésta como cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al receptor de un documento electrónico identificar formalmente a su autor. La ley también definió la firma electrónica avanzada como aquella que ha sido certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, asegurando su identidad, e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Resulta trascendental destacar que la ley ha establecido formalmente que, salvo las excepciones precisas que ella establece, los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Sin perjuicio que algunos actos requerirán firma electrónica avanzada, según la definición que ya hemos proporcionado, el concepto esencial que emerge de esta legislación es que la simple firma electrónica -como también ya la hemos definido- se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales y podrá presentarse en juicio y hacerse valer como medio de prueba. Para las instituciones financieras la promulgación de este conjunto de disposiciones constituye una herramienta poderosa para el desarrollo de su actividad propia y está llamada a producir profundos cambios en la manera tradicional con que se han prestado los servicios bancarios hasta la fecha. Para <strong>Bci</strong>, siempre a la cabeza en los adelantos tecnológicos y en la implantación de las metodologías más modernas de gestión y contratación, esta normativa es un nuevo desafío para su actividad comercial, representando nuevas alternativas de comunicación con sus clientes y una dimensión moderna y futurista en la forma de ofrecer sus productos y servicios, de formalizar las transacciones y de celebrar operaciones comerciales en forma segura y a un más bajo costo. De esta manera se complementa la tradicional política institucional de <strong>Bci</strong>, de servir a los clientes en la forma que ellos lo requieran, manteniendo los canales tradicionales que siempre estarán a su disposición, o integrándose, con total seguridad y confianza, a concepciones más modernas y tecnológicas que les permitirán comunicarse e interactuar electrónicamente con su banco, rápida y eficientemente, en cualquier instante, desde cualquier lugar del mundo en que surja la necesidad de contactarse con el banco. Durante el año 2003, los esfuerzos de <strong>Bci</strong> estarán concentrados en potenciar al máximo las nuevas oportunidades que para el banco, sus filiales y sus actuales y futuros clientes ofrece la legislación sobre documentación electrónica y firma digital, recientemente promulgada. MEMORIA ANUAL 2002 BCI 80 81
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