Intervención Minera a Gran Escala en Ecuador y Vulneración de ...

Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanosEn marzo de 2009 representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenasdel Ecuador (CONAIE) y de los Sistemas Comunitarios de Agua de las parroquiasTarqui y Victoria del Portete de la provincia del Azuay, presentaron unademanda a la Corte Constitucional, argumentando que la aprobación de la Leyde Minería violaba garantías y derechos (establecidos en la Constitución y en distintostratados internacionales), entre estos el derecho a la participación yconsulta mediante la consulta pre-legislativa. 32 Un año después, en marzo de2010, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley de Minería, 33aunque determinó que diversos artículos de la Ley no son aplicables a tierrasindígenas. 34La Corte Constitucional también estableció criterios mínimos que el Estado debeobservar en cumplimiento de su deber de consultar a los pueblos indígenas antesdel inicio de cada fase de un proyecto minero en tierras indígenas. 35Ley de SeguridadDurante varios años, las empresas petroleras han tenido la protección militar desus instalaciones, por medio de un convenio suscrito con el Ministerio de Defensay otros contratos específicos. 36 La Ley de Seguridad, recientemente aprobada por32 Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 001-10-SIN-CC; 18 marzo de 2010, p. 3.33 La Corte consideró que una invitación electrónica enviada por el Ministerio de Energía y Minas (actual Ministeriode Recursos Naturales No-Renovables) al presidente de la CONAIE para que enviara, igualmentede manera electrónica, sus comentarios y observaciones al proyecto de ley, contenía “elementos sustanciales”a un proceso de consulta. Esto contraría la normativa y jurisprudencia de las Naciones Unidas y dela Organización Internacional del Trabajo. Ibíd., p.38.34 La Corte decidió la constitucionalidad condicionada de los artículos 15, 28, 31 inciso segundo, 59, 87,88, 90, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley de Minería, referidos a declaratorias de utilidad pública,servidumbres, libertad de prospección, otorgamiento de concesiones mineras, construcciones e instalacionescomplementarias generadas a partir de un título de concesión minera y consulta ambiental. Esdecir, serán constitucionales y se mantendrán válidas y vigentes, mientras se interprete de la siguientemanera: a) son constitucionales los artículos referidos en tanto no se apliquen respecto de los territoriosde las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. b) toda actividadminera que se pretenda realizar en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,afroecuatorianas y montubias, en todas sus fases, a partir de la publicación de la presente sentencia, deberásometerse al proceso de consulta previa establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución,en concordancia con las reglas establecidas por esta Corte, hasta tanto la Asamblea Nacional expida lacorrespondiente ley. Ibíd. p. 59.35 Ibíd.36 Ver Informe sobre la Situación de las Personas y Pueblos afectados por las Actividades Mineras y Petrolerasen Ecuador, presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el 127 Período Ordinariode Sesiones, 2 de marzo de 2007, por parte del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES),Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Defensa y Conservación de Íntag (DECOIN) y AcciónEcológica. Disponible en:http://www.businesshumanrights.org/Categories/Individualcompanies/E/EcuacorrientepartofCorrienteResources16