La izquierda nunca ha tenido una estrategia frente al ... - Viento Sur

posible fiscalización de la opinión pública. Quizás por ello conservan entre unapoblación, escasamente ilustrada respecto a las tradiciones republicanas defensorasde lo público, una aureola de prestigio y dignificación social.A ello han contribuido las políticas ministeriales renuentes a asumir sus funcionesinspectoras o a imponerles la asunción de sus obligaciones en la acogidade alumnos de todo tipo. Así la política de integración, psíquica o social, recaesobre la red pública, donde se recibe a los alumnos problemáticos, mientras laprivada, so capa de un exceso de demanda, mantiene los criterios de selecciónque considera adecuados arrojando de sus centros a los alumnos que no lesinteresan. Por eso no deja de resultar sorprendente la desfachatez de AlvaroMarchesi, anterior Secretario de Estado del ministerio de Educación,explicando, en un reciente artículo, una serie de medidas destinadas a consolidarla reforma educativa entre las que se encuentran la financiación de la misma, "elderecho de la enseñanza privada a recibir los recursos necesarios", y encontrapartida, el que "todos los centros sostenidos con fondos públicos tendránla obligación de escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales oque proceden de minorías étnicas o culturales /5". ¿Por qué no se hizo cuandogobernaba para el PSOE?Con esos viejos y nuevos defensores de la enseñanza pública hemos llegado aun punto en el que se asiste a un continuo trasvase de alumnos a los centrosprivados concertados, que previsiblemente aumentará. Allí hay orden, se puedeaprender y se desconocen los problemas, según creencias extendidas entre lospadres, enajenados aún, por siglos de servidumbre intelectual, con la imagenautoritaria, mitad paternal, mitad terrorífica de la Iglesia católica. Bastará unpequeño empujón de nuestra liberal ministra y lo público terminará convirtiéndoseen un lugar de beneficencia. Aunque esperemos que su afición al libremercado y la competitividad le lleven a comprender que ésta no se puede dar sino hay previamente igualdad de condiciones. Y hoy por hoy, los privilegios lostiene la privada.Una defensa de la enseñanza pública pasaría, en primer lugar, por establecerun debate sobre las funciones de la escuela, comenzando por la pertinencia deltrasvase de recursos al sector privado de la educación, y la necesidad deaumentar la financiación del sector público que, además, viene exigida por laaplicación de la LOGSE. Es difícilmente pensable que el PP rectifique, en eseterreno, los daños causados por los tecnócratas del PSOE a la enseñanzapública. La evidencia más clara es su actual política económica restrictiva.Conviene, sin embargo, no reducir los problemas de la enseñanza a lacontraposición público/privado, como podría pretenderse desde una izquierdatradicional. Las prácticas de una y otra son, con frecuencia, muy semejantes. Unademocratización real supone avanzar en la participación real" de los colectivosimplicados sin demagógicos enfrentamientos y sin dirigismos tecnocráticos yadministrativos. Acabar también con el estatuto de minoría de edad del alumnado,sin que ello signifique la mitificación acrítica e interesada de una supuesta culturapopular y juvenil sesgadamente programada, sustitutiva de su auténtica presencia.5/ Alvaro Marchesi, El País, 11 de febrero de 1997.86 VIENTO SUR Número 32/Maw 1997