REVISTA PESCA ABRIL 2016

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Si queremos evitar el agotamiento del recurso anchoveta, o de cualquier otro, con los efectos colaterales que puede tener sobre otras especies, hay que buscar las causas y no los efectos del problema. Una causa económica es que a la fecha algunos los recursos pesqueros se entregan a los industriales a una tasa de derechos de pesca sumamente baja, y otros totalmente gratis. Algunos recursos como la anchoveta y la merluza generan un pago al Estado por su extracción, llamado derecho de pesca; Pero el volumen de las exportaciones de harina de pescado no guarda equidad con el pago que hacen por derecho de pesca de extracción de anchoveta. Si los costos de producción son artificialmente rebajados, por ejemplo, gracias a derechos de pesca bajos o gratuitos, entonces se permite la existencia de grupos económicos que tienen acceso gratuito o muy barato a los recursos pesqueros. Revista Pesca Abril 2016 46
LA GOBERNANZA EN LA PESCA: DE LO ECOLÓGICO A LO ÉTICO, DE LO LOCAL A LO GLOBAL Parte 3/8 El desarrollo institucional de la gobernanza del océano Modernamente, los pilares institucionales de la gobernanza del océano se han configurado en torno a: i) la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (CNUDM) –convocada en 1970, iniciada en 1973, aprobado el texto en 1982 y en vigor desde 1994–, con sus precedentes (I y II Conferencias); ii) la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente de 1992 (UNCED) y, en concreto, la Agenda 21 con el capítulo 17 dedicado a los océanos y las zonas costeras. La CNUDM en particular se puede interpretar como la fase final de la tradición marítima de la Edad Moderna, en la que lo oceánico se concibe como una cuestión de la “comunidad internacional” regida por el principio del mare liberum e inspirada –antes de la reforma de la Parte XI y el Acuerdo sobre especies transzonales y altamente migratorias– en la acción pública como elemento equilibrador de las desigualdades entre Estados; o dicho de otro modo, se entiende la zona como patrimonio común de la humanidad y se establecen órganos como la Autoridad y la Empresa. Pero la CNUDM dio paso, al mismo tiempo, al nacionalismo marítimo con la consagración de las jurisdicciones ampliadas y el consiguiente retroceso de los espacios comunes (la alta mar y los fondos marinos), dando pie a su vez a la emergencia de las primeras leyes nacionales (Canada´s Oceans Act, 1997 y U.S. Ocean Act, 2001). Con las leyes nacionales surge una nueva generación de políticas públicas caracterizadas por el reconocimiento de una acción integrada y omnicomprensiva de lo oceánico que permita gestionar los usos múltiples y sus interacciones, al tiempo que se incorporan principios consagrados en Río-92, tales como el de sostenibilidad, la ordenación basada en ecosistemas…, que incluyan también la acción humana y el principio de precaución. Las políticas marinas post-CNUDM/UNCED incorporan y propugnan los conceptos de gobernanza como nueva gestión pública y como “buena gobernanza”: un Estado menos dirigista y un mayor protagonismo de los distintos agentes sociales (principio de la representación, colaboración y legitimidad) y, particularmente, los nuevos valores/principios de la ética ambiental claramente presentes en las dos leyes citadas de Canadá y USA, y que han sido asumidos por FAO (FAO, 2005). El nacionalismo marítimo, impulsado como mecanismo de salvaguarda de los recursos en las aguas adyacentes de los países en desarrollo o periféricos, resulta ser la vía por la cual los países industrializados fundan las nuevas políticas marinas destinadas a ejercer su liderazgo global y el argumento para oponerse al internacionalismo marítimo tímidamente surgido de la era postcolonial. Paralelamente, la noción de gobernanza como orden internacional preocupado por las desigualdades sociales Revista Pesca Abril 2016 47
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