Junio 2016 - nº 13

Legal IT
Resulta paradójico pensar que España haya sido el tercer país
en regular la firma electrónica, pero que sea de los países que
van a la cola en su uso
Firma electrónica para
administraciones públicas
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operaciones también como las que la ley de Comercio
Electrónico, la cual exige que sean por escrito, también
resultarían igual de válidas que las del resto de
contratos, a excepción de los relativos a Derecho de
Familia y documentos / escrituras públicas.
Tampoco es muy utilizada para la ciudadanía española
ya que solo el 2 o el 3 % utiliza el eDNI, por
lo que hay mucho camino por recorrer. ¿Cuántos ciudadanos
sabían hasta hace relativamente poco que
su DNI lleva incorporado un chip que permite tener
firma electrónica? No muchos. No se tienen en cuenta
las ventajas que puede proporcionar su uso, como
puede ser acabar con las falsificaciones, ya que es
la mejor manera de saber que un documento es del
emisor, puesto que el certificado (ej. FNMT) es personal
e intransferible.
¿Qué ventajas podrían encontrarse en el ámbito
empresarial?
J J Una de ellas es la interoperabilidad, la cual posibilita
que se puede asociar con otros procesos telemáticos,
como la propia factura electrónica, la comunicación
entre empresas privadas o el pago de
impuestos.
J J Pero hay una ventaja potencial que debería interesar
tanto a la empresa pequeña y mediana como
a la grande, que es el ahorro en costes, ya que se
minoran todos los gastos relacionados con tinta de
impresora, gastos de envío y transporte, además
del ahorro del tiempo. Todas estas ventajas deben
ser potenciadas y promocionadas con mayor dedicación
y presupuesto por parte de la Administración
Pública. En el ámbito interno de la empresa, se
prefiere mandar innumerables faxes entre clientes
y proveedores que utilizar la firma electrónica.
Aunque, por otro lado, la obligatoriedad de la factura
electrónica para empresas pequeñas y medidas
puede ser bastante incómoda. El perfil de estas empresas
nada tiene que ver con el de las grandes empresas,
dado el nivel de inversión y recursos económicos
de estos. Habrá que poner menos trabas a las PYMES
puesto que ellas no cuentan con los mismos recursos
económicos para instalar software o apps facilitadoras.
Todavía queda trabajo por hacer.
Aspectos negativos
No olvidemos la existencia de la brecha digital actual,
que, aunque cada vez se está reduciendo más, sigue
viva para algunos ciudadanos e incluso empresas (en
menor medida).
Y lo que es más importante, no podemos desconocer
la lentitud del Derecho a la hora de adaptarse y
regular las nuevas realidades, y para ello la regulación
en esta materia debe ser flexible. La sociedad digital
demanda soluciones ágiles y flexibles que aporten seguridad
jurídica a los millones de transacciones que
se hacen. Y una cosa no está reñida con la otra.
Junio 2016