HACIA UNA IGUALDAD DE GÉNERO

en razón de una presunta privación al derecho a la educación de Talía. El 11 de
febrero de 2000, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Nº 3 declaró inadmisible
el recurso de amparo constitucional, considerando que “exist[ía] un conflicto
de intereses, entre los derechos y garantías individuales de [Talía] frente a los
intereses de un conglomerado estudiantil, colisión que hac[ía] que predomin[ara]
n los sociales o colectivos, como lo es, el derecho a la vida, frente al derecho de
la educación. Además de las dificultades en el trabajo, Teresa Lluy describió en
varias oportunidades que su hija y su familia “ha[bían] sido víctimas de la más
cruel discriminación, pues se les ha[bía] impedido [tener] vivienda propia”. De
acuerdo con las declaraciones de Talía y su familia, fueron obligados a mudarse
en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo del que fueron objeto
por la condición de Talía.
Extractos de las partes pertinentes (notas al pie omitidas):
93. La Corte constata que la discriminación contra Talía ha estado asociada a
factores como ser mujer, persona con VIH, persona con discapacidad, ser menor
de edad, y su estatus socio económico. Estos aspectos la hicieron más vulnerable
y agravaron los daños que sufrió.
94. El Comité CEDAW, en su Recomendación General n° 28 relativa al art. 2 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer, indicó lo siguiente sobre las niñas y adolescentes:
En particular, los Estados partes están obligados a promover la igualdad de los
derechos de las niñas, dado que están comprendidas en la comunidad más
amplia de las mujeres y son más vulnerables a la discriminación en el acceso a
la educación básica, así como a la trata de personas, el maltrato, la explotación
y la violencia. Todas estas situaciones de discriminación se agravan cuando las
víctimas son adolescentes. Por lo tanto, los Estados deberán prestar atención a
las necesidades específicas de las niñas (adolescentes) ofreciéndoles educación
sobre salud sexual y reproductiva y llevando a cabo programas para prevenir el
VIH/SIDA, la explotación sexual y el embarazo precoz.
Hacia una Igualdad de Género . Compendio Jurisprudencial | 119