HACIA UNA IGUALDAD DE GÉNERO

de percibir la violencia de género como un fenómeno continuado de violación
de los derechos de la mujer víctima, sino que comprendía también amenazas
verbales a la única persona que la acompañaba, OVP –una mujer también– con
la finalidad de frustrar que ésta interviniese en defensa de la anterior, cuando
intentaba impedir el ataque.
Según el juez García, el hecho de que se hubiese ignorado totalmente a la otra
presunta víctima ausente en la audiencia, y que se hubiese silenciado el hecho
que se dice sufrió, no lleva necesariamente a la invalidación de la decisión, ni de la
audiencia. La suspensión del proceso a prueba no procede por partes, sino respecto
de la totalidad del objeto del proceso pendiente; si se trata de un concurso real
entre lesiones y coacción, como propone el MPF en su requerimiento de elevación,
por expresa disposición del art. 76 bis, segundo párrafo, CP, y si se tratare de un
concurso ideal, porque la unidad de hecho impediría una suspensión parcial. De
modo que sólo entraría en consideración la nulidad si se arribase a la conclusión
de que la suspensión del proceso ha sido mal denegada en lo que concierne al
hecho del que aparece víctima IC, y quedase pendiente considerar el hecho que
se dice cometido en perjuicio de OVP.
La prescindencia de la realización del juicio frustra toda posibilidad de investigar y
dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido
calificados como hechos de violencia contra la mujer. Pues no se trata solamente
de sancionar tal clase de hechos, sino establecer si ellos han sucedido, obligación
estatal independiente de la de sancionar, aunque estrechamente vinculada con
ella. Con esto se contesta la argumentación de la defensa que pretende que el
hecho ya ha sido investigado, lo que es jurídica y fácticamente incorrecto, pues no
ha habido una declaración de certeza sobre su existencia o un pronunciamiento
sobre su inexistencia.
Si es correcta la proposición de la CSJN en “Góngora” en punto a que la suspensión
del proceso frustra la posibilidad de elucidar en un juicio la existencia de hechos
que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, y que la
realización del juicio no es facultativa para el Estado, sino que es una obligación
que se infiere del art. 7 de la Convención, entonces ninguna relevancia tendría
que el Fiscal o la víctima hubiesen presentado su acuerdo a la suspensión.
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