HACIA UNA IGUALDAD DE GÉNERO

la Convención Americana, obligaciones específicas a partir de la Convención de
Belém do Pará.
109. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de la Corte, es claro que un
Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos
cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, las obligaciones
convencionales de garantía a cargo de los Estados no implican una responsabilidad
ilimitada de estos frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus
deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus
relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación
de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado
– o a que el Estado debió conocer dicha situación de riesgo real e inmediato - y a
las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un
acto u omisión de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de
determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente
atribuible al Estado, pues debe atenderse a la luz de las circunstancias particulares
del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía. Al respecto, la
Corte aclara que, a fin de establecer un incumplimiento del deber de prevenir
violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, debe verificarse que:
i) las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un
riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo
de individuos determinado, y que ii) tales autoridades no adoptaron las medidas
necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente,
podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.
110. En el presente caso, existen dos períodos en los que el deber de prevención
debe ser analizado. El primero es antes de la desaparición de Claudina Velásquez
y el segundo es antes de la localización de su cuerpo sin vida (…)
111. En cuanto al primer período, es decir, antes de la desaparición de Claudina
Velásquez, este Tribunal ya estableció que para diciembre de 2001 existía un
contexto de aumento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala,
que dicho incremento presentó un aumento sostenible a nivel nacional en los años
2004 y 2005, y que sus niveles continúan siendo elevados hasta el presente...
[D]esde ese entonces se ha agravado el grado de violencia contra las mujeres y el
ensañamiento ejercidos contra los cuerpos de muchas de las víctimas. Aunado a
ello, los homicidios de mujeres en Guatemala ocurren en un entorno de diversas
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