PERFILES DE LAS LENGUAS Y SABERES DEL ECUADOR

En cuanto a la investigación lingüística, la experiencia de muchos años muestra
que se debe promover que los mismos hablantes sean quienes, luego de un proceso
de formación sociolingüística, realicen estos estudios, ya que ellos son autoridades
en materia de sus lenguas, son los únicos que pueden acceder a la
semántica y estructura profundas de estas y son sus únicos gramáticos.
El elemento más visible de una cultura es la lengua. En ella están expresados los
conocimientos, creencias, actitudes, ciencia, tecnología y cosmovisión del pueblo
que la ha forjado a lo largo de centurias o milenios. Se puede decir que cuando una
lengua muere, su cultura comienza a agonizar. Por esta razón, las nacionalidades
indígenas del Ecuador gestionaron el reconocimiento jurídico de la educación intercultural
bilingüe como un derecho propio. En 1983 se tramitó la reforma al
artículo 27 de la Constitución de la República aprobada en el Referéndum de
1978. El inciso octavo de este artículo reformado dispuso que “En los sistemas
de educación que se desarrollen en la zonas de predominante población indígena,
se utilizará como lengua principal de educación el quichua o la lengua de la
cultura respectiva; y el castellano, como lengua de relación intercultural”.
El derecho de las nacionalidades indígenas a contar con una educación propia
se forjó con varios proyectos de educación bilingüe desde antes de 1980 y se
hizo efectivo con el decreto ejecutivo 203 de 1988, mediante el cual se creó la
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). En 1992, para
proteger la creación de la DINEIB se gestionó la aprobación de la Ley 150, reformatoria
a la Ley de Educación de 1983. Con esta ley se otorgó a la DINEIB descentralización
académica, administrativa y financiera; esta institución debía ser
dirigida por las nacionalidades indígenas.
La ley 150 2 , de grata memoria, decía:
La Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, especializada en
culturas y lenguas aborígenes, funcionará como una organización técnica,
administrativa y financiera descentralizada, tendrá su propia estructura
orgánico-funcional, que garantizará la participación, en todos los niveles
e instancias de la administración educativa, de los pueblos indígenas, en
función de su representatividad (Congreso Nacional, 1992).
La Constitución de 1998 estableció 15 derechos colectivos en beneficio de las
nacionalidades y pueblos del Ecuador. En el artículo 84, numeral 11, se ratificaba
el derecho de las nacionalidades indígenas a contar con el Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe.
2 Se cita el texto de la Ley 150 para perpetuar la memoria de la lucha de las nacionalidades indígenas frente al Estado
ecuatoriano. En el año 2009, el presidente Rafael Correa, mediante el decreto 1585, suprimió la autonomía de la
educación bilingüe; no se consideró ni el Convenio 169 de la OIT ni la Declaración de las Naciones Unidades de 2007.
En el año 2010, la Ley Orgánica de Educación Superior reconoce solo a las lenguas extranjeras como requisito válido
de titulación. En el año 2013 se suprimieron las direcciones de educación de las nacionalidades y solo se incluyó una
dependencia de educación bilingüe en los distritos, sin ningún poder de decisión.
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