Informe-Analisis-Entorno-Eje-Docencia-Pregrado

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los jóvenes secundarios aspira a ingresar a la universidad (Sepúlveda & Valdebenito, 2014)– y a la baja
regulación de la calidad de la formación técnica.
Los potenciales efectos de este nuevo sistema de acreditación en las dinámicas regionales de oferta
y demanda serán analizados con detención en el capítulo siguiente.
Proyecto de Ley de Universidades Estatales
En junio del presente año, el gobierno envió al congreso un proyecto de ley orientado a fortalecer
las universidades del Estado. Entre las principales modificaciones que este cuerpo legal intenta introducir se
encuentran algunas relativas a la estructura administrativa de la universidad, mecanismos de coordinación y
colaboración interuniversitaria y con el Estado, instrumentos de financiamiento y un plan de
fortalecimiento.
Varios de los puntos principales del proyecto han sido fuertemente cuestionados. Desde la
Universidad de Chile se criticó la estructura estandarizada que impone la propuesta de ley que contempla un
Consejo Superior, Rector y Consejo Universitario. En efecto, tal como lo declara el Senado Universidad de
Chile (2017), la aprobación de este proyecto implicaría la obligación de modificar los estatutos de esta
institución, ya que la existencia de una instancia como el Senado queda al margen de la ley, pues la única
instancia triestamental reconocida pasa a ser el Consejo Universitario, con facultades mucho más limitadas.
Esto fue considerado como un atentado a la autonomía universitaria por las autoridades de la mencionada
universidad (Prensa Universidad de Chile, 2017).
Sin embargo, en agosto pasado, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) acordó con el
Ministerio que las nuevas disposiciones sobre gobierno universitario no serán aplicadas a aquellas
instituciones que han elaborado sus propios estatutos con posterioridad a 1990 (Cabrera, 2017).
Para la Universidad de La Frontera el nuevo Consejo Superior no implica una modificación tan
radical, ya que es equivalente a la actual Junta Directiva, sólo se reduce a uno el profesional destacado de la
región que forma parte de este y se incrementa a cuatro los miembros académicos. Mayores cambios se
desprenden del nuevo Consejo Universitario, el cual reemplazaría al Consejo Académico y tendría un
carácter de triestamentalidad, pero resguardando una participación mínima de los académicos equivalente a
dos tercios del total de miembros del Consejo.
Otra de las modificaciones importantes que introduce el proyecto en el ámbito de la política
universitaria es la limitación de las reelecciones de las autoridades. Así, los miembros de ambos consejos,
rectores y contralores pueden ser reelegidos por una única vez.
Por otra parte, como una arista de la cooperación de las universidades del Estado con este último,
el proyecto establece que son estas universidades las llamadas a colaborar con la recepción de los
estudiantes provenientes de las universidades que no sean acreditadas y se decrete su cierre. Considerando
la matrícula de las universidades de la región que actualmente no se encuentran acreditadas, esto implicaría
para la Universidad de la Frontera recibir hasta a 476 estudiantes de las carreras de derecho (83),
enfermería (344), psicología (28) y trabajo social (21) de las universidades Aconcagua y La República
(Mifuturo.cl, 2017g).
En su arista relativa al financiamiento, el proyecto ha sido igualmente blanco de fuertes críticas,
puesto que no asegura una inyección significativa de recursos adicionales a las universidades. Esto puesto
que la asignación del monto destinado a financiar el nuevo Convenio Marco de Universidades Estatales
queda sujeto a la futura votación del presupuesto nacional.
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