Notas de Población N° 106

Notas de Población N° 106 • enero-junio de 2018
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Introducción
El embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años tiene su origen en diversos factores
sociales y económicos que se entrelazan de forma compleja. Entre ellos se pueden citar el
inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales, que además son sin protección (Blum
y otros, 2013; CONAPO, 2017); la creciente carga sexual a la que están permanentemente
expuestos los niños, niñas y adolescentes a través de los medios de comunicación y en los
entornos sociales, y la insuficiente educación integral sobre sexualidad dirigida a este grupo
de la población (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011). Además de estos factores, es necesario
resaltar la ocurrencia de violaciones graves de los derechos fundamentales de las niñas y
adolescentes, como son el abuso sexual (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011) y el matrimonio
o unión infantil (UNFPA, 2013), que tienen como consecuencia directa embarazos a edades
muy tempranas.
En el contexto de estas violaciones de los derechos humanos de las niñas, en los últimos
años el matrimonio infantil se ha destacado como un elemento fundamental del embarazo
en adolescentes (Gómez, Molina y Zamberlin, 2011; Carmona, 2013; UNFPA, 2013). En una
unión de este tipo se espera que las menores asuman las mismas responsabilidades que
tendrían dos personas adultas en un matrimonio —el cuidado del hogar, las relaciones
sexuales, y la crianza de los hijos e hijas—, aunque sean niñas y adolescentes que no han
alcanzado la mayoría de edad (Carmona, 2013).
Estas niñas y adolescentes se encuentran en un estado de fragilidad: por su corta
edad, aún no cuentan con la madurez intelectual ni emocional ni la capacidad para tomar
decisiones sobre su vida sexual y reproductiva. Esto último se debe a que generalmente
carecen de información sobre estos temas, lo que limita sus posibilidades de disponer de
métodos anticonceptivos y usarlos de manera efectiva. Además, tampoco tienen la autonomía
suficiente como para decidir libremente sobre la frecuencia de las relaciones sexuales, los
hijos e hijas que desean tener o el momento más adecuado para ello, lo que las hace más
vulnerables a sufrir abusos sexuales (Carmona, 2013).
En diciembre de 2014 se publicó en México la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, que dispone que “Las leyes federales y de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para
contraer matrimonio los 18 años”, con el fin de terminar con el matrimonio infantil y
sus consecuencias. Hasta diciembre de 2017, las 32 entidades federativas del país habían
prohibido el matrimonio con niñas y adolescentes menores de 18 años, y solo cuatro
entidades mantenían las dispensas. No menos relevante es el hecho de que el Código
Civil Federal aún no se encuentra armonizado con la mencionada ley, es decir, todavía no
establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Por consiguiente, es
necesario que todos los códigos estatales eliminen las dispensas, así como que el federal
se armonice con esta ley, ya que el contexto normativo es esencial para que las niñas y
adolescentes puedan disfrutar de sus derechos plenamente.
Eloina Meneses • Mitzi Ramírez