Legislació comuna aplicable Decret183/1981 de 2 de juliol, de ...

tiene como finalidad recuperar un principio tradicional en el
derecho público español y lograr la coherencia adecuada entre el
contenido de este artículo con el artículo anterior y las
funciones que a aquéllos atribuye la Ley 6/1997, de 14 de abril
de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado (LOFAGE), la Ley 13/1995, de 18 de mayo
(RCL 1995\1485 y 1948), de Contratos de las Administraciones
Públicas y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (RCL 1997\2817),
del Gobierno.
La modificación del artículo 10, sobre comunicaciones a las
Comunidades Europeas pretende ajustar el actual texto a la
realidad del derecho comunitario, ya que parece conveniente
diferenciar entre el plazo para la comunicación de disposiciones
de carácter general o resoluciones y el plazo para la remisión
de proyectos de disposiciones.
En el Título II, el artículo 13 se modifica permitiendo la
delegación de competencias en órganos de las entidades de
derecho público dependientes, para facilitar la
descentralización y, con ello, una más fácil gestión que, en
definitiva, se traduce en mayor eficacia y mejor servicio a los
ciudadanos. Por otra parte, se clarifica la redacción de su
apartado 5 respecto a la admisibilidad de la delegación en los
procedimientos en que se prevea, con carácter preceptivo, un
dictamen o informe.
III
Con idéntico objetivo de lograr una mayor eficacia y servicio a
los ciudadanos se modifican algunos aspectos de la regulación de
la actividad de las Administraciones públicas contenida en el
Título IV.
Se modifica el artículo 36 para hacer efectiva la adecuación de
la Ley a la realidad plurilingüística del Estado, de conformidad
con la proposición no de Ley de 3 de junio de 1997, incorporando
una regulación inspirada en el artículo 231.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), del
Poder Judicial, según la redacción dada al mismo por la Ley
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre (RCL 1994\3130 y 3294).
Mediante la redacción del apartado 4 del artículo 38 se pretende
impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios
informáticos y telemáticos por parte de la Administración. Por
su parte, el nuevo apartado 5 regula la expedición de copias de
los documentos presentados ante la Administración, respondiendo
a la necesidad de dar efectivo cumplimiento al derecho
reconocido a los ciudadanos por el artículo 35.c).
El artículo 42 sufre una profunda modificación. En primer lugar,
el apartado 1 precisa los supuestos en que es obligado dictar
resolución expresa, incluyendo los casos de prescripción,
renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento
de la solicitud y desaparición sobrevenida del objeto del
procedimiento, en los que la resolución consistirá en la
declaración de la circunstancia correspondiente.
Respecto al procedimiento para hacer efectiva la resolución, se
parte de la premisa de que un procedimiento administrativo que
no sea ágil y breve es difícil que pueda ser una institución al
verdadero servicio a los ciudadanos. Por eso, a falta de norma