Legislació comuna aplicable Decret183/1981 de 2 de juliol, de ...

expresa, el apartado 3 de este mismo artículo establece como
plazo general supletorio de duración de los procedimientos
administrativos el de tres meses, sin que en ningún caso pueda
superar el de seis meses, según el apartado 2, salvo que una
norma con rango de Ley establezca lo contrario o así se prevea
en la normativa comunitaria europea, plazo en el que deberá
notificarse la resolución. El plazo, por otra parte, comenzará a
contarse, en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, desde que la misma haya tenido entrada efectivamente
en el registro del órgano competente para su tramitación. Este
extremo debe ser comunicado a los solicitantes indicando la
duración máxima del procedimiento en cuestión, de acuerdo con el
apartado 4.
En cualquier caso, el plazo puede suspenderse, acogiendo la
inspiración del moderno derecho público comunitario, por causas
tasadas previstas en el apartado 5: requerimiento a los
interesados para subsanar deficiencias, intervención previa y
preceptiva de un órgano de las Comunidades Europeas, informes
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución,
realización de pruebas técnicas o análisis contradictorios o
dirimentes propuestos por los interesados o el inicio de
negociaciones para finalizar convencionalmente el procedimiento
administrativo. Se prevé también la ampliación de plazos en el
apartado 6, aunque limitando su decisión al órgano competente
para resolver y, en su caso, al superior jerárquico. En el 7 se
realiza una referencia explícita a la responsabilidad
disciplinaria, si bien se omite la relativa a la remoción del
puesto de trabajo.
En cuanto al silencio administrativo, el artículo 43 prevé como
regla general el silencio positivo, exceptuándose sólo cuando
una norma con rango de Ley o norma comunitaria europea
establezca lo contrario. No podemos olvidar que cuando se regula
el silencio, en realidad se está tratando de establecer medidas
preventivas contra patologías del procedimiento ajenas al
correcto funcionamiento de la Administración que diseña la
propia Ley. Pues bien, esta situación de falta de respuesta por
la Administración -siempre indeseable- nunca puede causar
perjuicios innecesarios al ciudadano, sino que, equilibrando los
intereses en presencia, normalmente debe hacer valer el interés
de quien ha cumplido correctamente con las obligaciones
legalmente impuestas.
Se exceptúan de la regla general de silencio positivo
lógicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de
petición, los de revisión de actos administrativos y
disposiciones generales, los iniciados de oficio, y los
procedimientos de los que pudiera derivarse para los
solicitantes o terceros la adquisición de facultades sobre el
dominio o servicio público. Se trata de regular esta capital
institución del procedimiento administrativo de forma
equilibrada y razonable, por lo que se suprime la certificación
de actos presuntos que, como es sabido, permitía a la
Administración, una vez finalizados los plazos para resolver y
antes de expedir la certificación o que transcurriera el plazo
para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aun cuando
resultara contrario a los efectos del silencio ya producido. Por
todo ello, el silencio administrativo positivo producirá un