Legislació comuna aplicable Decret183/1981 de 2 de juliol, de ...

consagra el carácter instrumental de la Administración, puesta
al servicio de los intereses de los ciudadanos y la
responsabilidad política del Gobierno correspondiente, en
cuanto que es responsable de dirigirla.
El régimen jurídico de las Administraciones Públicas debe
establecerse desde este concepto y trascender a las reglas de
funcionamiento interno, para integrarse en la sociedad a la que
sirve como el instrumento que promueve las condiciones para que
los derechos constitucionales del individuo y los grupos que
integran la sociedad sean reales y efectivos.
Pero además, el régimen jurídico no es neutral en una dinámica
de modernización del Estado. El procedimiento administrativo es
un instrumento adecuado para dinamizar su avance y, por lo
tanto, las reglas esenciales del procedimiento son una pieza
fundamental en el proceso de modernización de nuestra sociedad
y de su Administración.
Desde esta óptica, el cambio que opera la Ley es profundo y se
percibe a lo largo de todo el articulado, en el que se ha
respetado, incluso literalmente, los preceptos más consolidados
en la técnica de la gestión administrativa. La recepción que la
Ley opera del anterior ordenamiento constituye en sí misma un
reconocimiento de la importancia que aquél tuvo en su día y que
hoy, en buena parte, conserva.
Pero junto a ello, resulta innegable la necesidad de introducir
reformas profundas en esta materia que tengan en cuenta, tanto
la multiplicidad de Administraciones Públicas a las que la Ley
va dirigida, como la necesidad de ampliar y reforzar las
garantías de los ciudadanos para la resolución justa y pronta
de los asuntos.
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La múltiple y compleja realidad que supone la coexistencia de
la Administración del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales,
proyectando su actividad sobre un mismo espacio subjetivo y
geográfico, hace necesario propiciar un acercamiento eficaz de
los servicios administrativos a los ciudadanos. Objetivo que
demanda a su vez una fluida relación entre las Administraciones
Públicas y un marco jurídico de actuación común a todas ellas
que permita a los particulares dirigirse a cualquier instancia
administrativa con la certeza de que todas actúan con criterios
homogéneos.
La eficacia en el resultado de la actuación de esa realidad
plural y compleja que son las Administraciones Públicas, hace
que la cooperación entre ellas resulte un principio activo, no
sólo deseable, sino indispensable a su funcionamiento. La
cooperación es un deber general, la esencia del modelo de
organización territorial del Estado autonómico, que se
configura como un deber recíproco de apoyo y mutua lealtad que
no es preciso que se justifique en preceptos concretos porque
no puede imponerse, sino acordarse, conformarse o concertarse,
siendo el principio que, como tal, debe presidir el ejercicio
de competencias compartidas o de las que se ejercen sobre un
mismo espacio físico. Esta necesaria cooperación institucional
entre Administraciones Públicas permitirá, en el marco de la
modernización de sus estructuras, la simplificación de todas