Untitled - Tractat de l'aigua

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Administració
de l’Aigua
Sin embargo, la Ley de Aguas no recoge la posibilidad de celebrar
cesiones entre usuarios intercuenca, lo que reduce
drásticamente los posibles efectos redistributivos que a un
nivel nacional podría originar el contrato de cesión.
Pero el Real Decreto Ley 15/2005, de medidas urgentes para
la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento
del agua vino a corregir esta situación.
Sujetos del contrato. Transacciones intercuencas
Hasta entonces, sólo podían acudir al contrato de cesión
los miembros de comunidades de usuarios de aguas subterráneas,
de una misma unidad hidrogeológica o un mismo
acuífero, y las comunidades de usuarios de aprovechamiento
conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas.
Así como los miembros de comunidades generales (comunidades
de segundo grado) o de juntas centrales, ya que los acuerdos
entre usuarios de una misma comunidad de primer grado
o con una única concesión están considerados actos internos.
No obstante, el Real Decreto 15/2005 estableció una serie
de medidas urgentes, aunque con carácter temporal, para
la regulación de las transacciones de derechos de aprovechamiento
del agua con el fin de combatir los efectos de
la sequía.
En primer lugar, permite que las transacciones puedan ser celebradas
por titulares de derechos al uso del agua que, aun
sin título concesional, representaban un elevado consumo de
caudales, como las Zonas Regables de Interés Nacional.
Así, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
los titulares de derechos al uso del agua adscritos
a las zonas regables de iniciativa pública cuyas dotaciones
máximas figuren en los planes hidrológicos de cuenca
podrán celebrar contratos de cesión.
Además, el Decreto Ley incluye como sujetos del contrato a
los titulares de aprovechamientos de las zonas servidas con
el agua del acueducto Tajo-Segura y a los aprovechamientos
de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Y permite
utilizar las infraestructuras de conexión intercuencas existentes
entre el embalse del Ngratín y el de Cuevas de Almanzora,
además del mencionado acueducto Tajo-Segura.
En todo caso, establece que las transacciones que impliquen
la utilización de infraestructuras de conexión intercuencas
deberán ser autorizadas por la Dirección General
del Agua, previo informe de los organismos de
cuenca afectados.
Cabe recordar, sin embargo, el carácter temporal de este Decreto
Ley, como norma coyuntural destinada a combatir los
efectos de la sequía, pues las medidas que contempla estarían
en vigor hasta 30 de noviembre de 2006, si bien han sido
prorrogadas en dos ocasiones por un año más, de forma
sucesiva, mediante los Reales Decretos Leyes 9/2006 y
9/2007, ante la persistencia de la sequía.
Volumen de la cesión y contraprestación económica
El contrato de cesión de los derechos al uso del agua recogido
en la Ley de Aguas debe incluir el volumen anual susceptible
de transmisión, que no podrá superar al realmente
utilizado por el cedente, teniendo en cuenta la cantidad utilizada
durante los últimos cinco años.
No obstante, el valor resultante podrá ser corregido atendiendo
a la dotación que fije el plan hidrológico de la cuenca
para cada uso, los retornos que procedan, las circunstancias
hidrológicas extremas y el respeto a los caudales medioambientales
establecidos o al buen uso del agua.
La cesión de los derechos al uso del agua podrá ir acompañada
de una contraprestación cuyo importe fijarán libremente las partes
y que deberá constar expresamente en el contrato, aunque
el ministerio podrá establecer su importe máximo cuando las desviaciones
del mercado así lo aconsejen.
Formalización y autorización administrativa
Los contratos de cesión deberán formalizarse por escrito y
ser puestos en conocimiento del Organismo de cuenca y de
las comunidades de usuarios del cedente y cesionario mediante
traslado de la copia del contrato en el plazo de 15 días
desde su firma. Además, es obligatoria su inscripción en
el Registro de Aguas.
En el caso de cesiones entre usuarios de agua para riego, deberá
constar la identificación expresa de los predios que el
cedente renuncia a regar, así como la de los predios que el
adquiriente se compromete a regar con el caudal cedido.
Cuando el destino de los caudales cedidos sea el abastecimiento
a la población, el contrato deberá incluir el informe
de la autoridad sanitaria sobre la idoneidad del agua para
dicho uso.
Además, la puesta en funcionamiento del contrato de cesión
requiere la previa autorización administrativa, ya que sin su
otorgamiento éste no producirá efectos entre las partes.
Entre los supuestos en los que se establece que el Organismo
podrá no autorizar la cesión, figura cuando ésta afecte negativamente
al régimen de explotación de los recursos en la
cuenca, así como a los derechos de terceros, a los caudales
medioambientales, a la conservación de los ecosistemas acuáticos
o cuando el cedente o cesionario no tengan debidamente
inscrito su derecho legítimo al uso privativo del agua.
Así, la plena efectividad del contrato exige que el adquiriente
utilice efectivamente los caudales cedidos, ya que podrá
sancionarse al cesionario que interrumpa de forma permanente
la explotación de los caudales adquiridos, por lo que
el Organismo de cuenca se encargará de realizar el seguimiento
del cumplimiento del objeto del contrato.
Ejemplo de cesión entre usuarios de diferentes cuencas
Al amparo del Real Decreto Ley 15/2005, el 10 de febrero de