Untitled - Tractat de l'aigua

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Administració
de l’Aigua
El agua objeto de la cesión se tomaría en el embalse de Bolarque,
perteneciente a la cuenca del Tajo, y se conduciría
hasta las distintas tomas en la cuenca del Segura, a través
de toda la infraestructura delo acueducto Tajo-Segura. El contrato
fue finalmente prorrogado para el año 2007, en las mismas
condiciones pactadas inicialmente, incluyendo un incremento
en el precio de la transacción del 50 por ciento del IPC.
Éste es sólo un ejemplo de los beneficios que entraña una
herramienta eficaz de redistribución de los recursos hídricos
como es la cesión de los derechos de los usos y aprovechamientos
del agua, mediante una correcta administración de
los mismos, con el fin de proporciona caudal suficiente a una
comunidad deficitaria.
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS BANCOS PÚBLICOS DE
AGUA
Concepto
Los Bancos de Agua son centros de intercambio de derechos al
uso del agua, también denominados bancos públicos del agua,
en alusión a la institución que en buena medida los inspira.
Un “banco de agua” es un mecanismo para vender o arrendar
derechos de uso de agua que existe en EEUU, Chile, Canadá
y Australia. En Europa son todavía un concepto nuevo
y las únicas experiencias reguladas que se han desarrollado
han sido en las Islas Canarias.
En España, el programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio
Ambiente, prevé la creación de bancos de agua como una de
las medidas para paliar los problemas del agua. En octubre
de 2004, el Consejo de Ministros aprobó la creación de “Centros
de Intercambio de derechos de agua” en tres cuencas hidrográficas
(Segura, Júcar y Guadiana). A la vez, la Directiva
Marco del Agua justifica la creación de un banco de agua
siempre y cuando sirva para mejorar el estado de las aguas
superficiales y subterráneas.
Se trata en definitiva, de rescatar concesiones que en su día
el Organismo de Cuenca otorgó, actuando la Administración
hidráulica como un banco de agua; y para a su creación
es necesario que se reforme la Ley de Aguas para mejorar
el control público del consumo.
Un banco de agua podría ser una eficaz medida para reducir
el impacto de las sequías en el abastecimiento y una oportunidad
para mejorar la situación de ríos, humedales y acuíferos.
El Ministerio de Medio Ambiente deber resolver la
difícil tarea de encontrar un equilibrio entre el control del mercado
para evitar daños al medio ambiente y a terceros, y la
agilidad de las transacciones, para no desanimar a los interesados
ni aumentar excesivamente los costes de transacción
de las operaciones de compra-venta.
El centro de intercambios tiene la importante ventaja de que
todos los sistemas de información hidrológica, técnica y registral
se pondrían al servicio de un sistema experto de in-
tercambios, en el que las restricciones ambientales, los posibles
efectos sobre terceros y todas las servidumbres y
limitaciones técnicas deberían ser tenidas en cuenta. Con
el banco existiría la posibilidad de ordenar a los destinatarios
del agua con arreglo a los criterios que se estableciesen,
sin que ello obligase a que cada una de las transacciones
debieran respetar el orden de prelación. Sin embargo
la falta de infraestructuras adecuadas que permitan realizar
distintas transacciones entre cuencas, con la salvedad
del trasvase Tajo-Segura, hace imposible el funcionamiento
pleno de un mercado de agua a escala nacional. Por ello
es muy posible que funcionen sólo en el ámbito de una cuenca
hidrográfica y, por tanto, consigan sólo pequeñas mejoras
de la eficiencia.
Supuestos en que procede la creación de los centros
de intercambio.
Los centros de intercambio de derechos al uso del agua han
sido creados en el Ordenamiento Jurídico español con un evidente
carácter excepcional, puesto que su creación procede
única y exclusivamente previo Acuerdo del Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente; en
segundo lugar, por las limitadas y singulares situaciones en
que aquélla tendrá lugar.
Pues efectivamente, la constitución de los Bancos públicos
de agua ó centros de intercambio de derechos al uso del agua
ha sido relegada por el legislador para situaciones particulares
y de mayor gravedad que aquellos supuestos en que procederán
los contratos de cesión. En virtud de los artículos
71.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el 354.1 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico estas situaciones
son las de los artículos 55,56 y 58 del mismo cuerpo legal.
Esto es, situaciones de falta de disponibilidad de recursos
que obliguen al Organismo de Cuenca a fijar la explotación
de los mismos para garantizar su uso racional; los casos de
declaración de sobreexplotación de acuíferos; los supuestos
de sequías extraordinarias, estados de necesidad, urgencia
o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales; y
todos aquellos otros que reglamentariamente se determinen
por concurrir situaciones análogas.
Además, se permite a las Comunidades Autónomas instar
a los Organismos de Cuenca para realizar adquisiciones
de derechos de uso del agua para atender fines de interés
autonómico. De esta forma se logra la participación de las
Comunidades Autónomas en una institución como los centros
de intercambio de derechos al uso del agua cuyo funcionamiento
está atribuido al Estado, a través, primero,
del Consejo de Ministros que acuerda su creación y, después,
de los Organismos de Cuenca que se encargarán de
su funcionamiento, evitando así que las cesiones de caudales
se falseen o produzcan por motivos especulativos
entre particulares.
En conclusión, sería conveniente la ampliación de los supuestos
en que pueden constituirse los centros de inter-