Nación Golpeadora - Red chilena contra la violencia hacia las ...

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Nación Golpeadora. Manifestaciones y latencias de la violencia machista
de 2008–, se trata de crímenes que podrían haber sido evitados por el Estado, que
conocía determinadamente tanto a la víctima como al delincuente.
La prevención de la criminalidad en general siempre exige a los Estados adoptar
medidas y políticas que necesariamente han de ajustarse a las prioridades y recursos
disponibles. Esto, sin embargo, no signifi ca que la prevención de todo tipo de
criminalidad deba ser abordada con criterios igualitarios, incluso cuando se trate
de casos en que se alega un riesgo para la vida de las personas, pues en muchos
casos ello supondría una carga desproporcionada o una protección imposible para
el Estado.
Es diferente la situación cuando se trata de la existencia de un riesgo real e inmediato
para la vida de un individuo identifi cado o de algunos individuos respecto de actos
criminales de terceros, conocido o que debía ser conocido por las autoridades. En
estos casos, si tales autoridades no adoptan las medidas dentro del alcance de sus
poderes que, razonablemente, podrían esperarse para evitar dicho riesgo, entonces
incumplen sus obligaciones internacionales en la materia 48 .
Cuando el Estado posee información (una denuncia) que permite suponer un riesgo
de violencia en contra de una mujer determinada por parte un sujeto determinado
en el marco de una relación íntima, la reacción del Estado debe ser coherente con el
conocimiento disponible respecto de este fenómeno. Es decir, la respuesta no puede
depender únicamente de la mayor o menor sensibilidad de quien sea el o la funcionaria
que recibe la denuncia de un caso, pues se trata –como hemos señalado– de casos
que no son excepcionales, sino que corresponden a un conjunto con características
similares. Pero a pesar de aquella similitud, la respuesta del Estado, para ser adecuada
y diligente, debe ser consecuencia de una evaluación del riesgo en que se encuentra
aquella mujer determinada, de acuerdo a parámetros de la mayor objetividad posible,
que se basen en la experiencia de casos similares, y atendiendo tanto a los factores
de riesgo como de protección presentes en un caso concreto.
En este sentido, las medidas estandarizadas, es decir, aquellas aplicadas por igual a
todos los casos, pueden no ser adecuadas en muchos de ellos y, peor aún, pueden
resultar contraproducentes en algunos casos, como la realidad en otros países lo
demuestra 49 . Parece evidente, por ejemplo, en el caso de Chile, que frente a todas las
denuncias de amenazas de muerte que hacen hombres contra las mujeres que son o
han sido sus parejas, es imposible dotar de medidas de protección equivalentes para
todos los casos. Esto es así no sólo por razones presupuestarias, sino porque medidas
que pueden ser adecuadas frente a un caso, pueden resultar totalmente inadecuadas
en otros, especialmente cuando suponen una grave restricción de derechos también
48 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del Caso de la Masacre de Pueblo Bello, de 31 de enero de 2006.
49 Como ocurre actualmente en España, en que la obligatoriedad del alejamiento del agresor incluso en casos de violencia leve, muchas veces es
controvertida por las propias víctimas, que no desean este tipo de medida, especialmente cuando no se trata de conductas graves. (Ver: Víctimas
protegidas a su pesar. El País, 8 de octubre de 2009).