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CASO SCALA. TERRORISMO DE ESTADO Y ALGO MÁS
denados con «sentencia firme».
Podemos recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional y, si
éste también rechaza el recurso, podemos recurrir ante el Tribunal Internacional
de la Haya. Pero eso supone mucho dinero y mucho tiempo,
tal vez varios años.
La CNT se niega a cubrir los gastos. Los Comités de Apoyo han dejado
de existir y nuestras familias no disponen del dinero necesario para
tales recursos.
Llevamos cuatro años en prisión, si nos conceden la «redención de
pena por trabajo» desde el principio y la «libertad condicional», los 16
años de condena se reducen a 8 años. Nos quedan cuatro largos años de
cárcel. Si recurrimos, a lo mejor ganamos ante alguno de los dos Tribunales;
pero si perdemos, esos cuatro años que nos quedan pueden
convertirse en seis o más.
Decidimos no seguir recurriendo y buscarnos la vida para obtener
los beneficios penitenciarios que nos corresponden, siempre, eso sí, defendiendo
nuestra «dignidad e integridad anarquista».
Ha llegado la hora de que el Equipo de Tratamiento de la prisión nos
«clasifique» en alguno de los tres grados penitenciarios.
El Equipo de Tratamiento de la cárcel Modelo de Barcelona se niega
a clasificarnos, y deciden enviarnos a Artuto y a mí a la Central de Observación
de Madrid.
Permanecemos treinta escasos días en esa Central de Observación y
un equipo, compuesto por criminólogo, psicólogo, asistente social,
maestro y moralista (un cura), empieza a hacernos diferentes pruebas.
Finalmente, el criminólogo, como jefe del equipo, nos reúne en su
despacho y nos dice:
—El equipo está dividido, dos de ellos optan por clasificaros en segundo
grado y los otros dos optan por el tercer grado. Si firmáis una declaración
jurada ante mí, según la cual os reconocéis como autores materiales
del atentado y os arrepentís, voto por el tercer grado y el fin de
semana que viene salís a la calle de permiso.
—¡Métete el tercer grado por el culo, hijo de puta! —le dijimos—.
Salimos de la Central de Observación clasificados en segundo grado.
A partir de ese momento, legalmente, nos correspondían 36 días de per-
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PUNTO DE INFLEXIÓN
miso anuales, repartidos en periodos no superiores a cinco días consecutivos.
Pero aquel beneficio penitenciario aún tardaría unos años en llegar.
Nos llevaron a la tercera galería de la prisión de Carabanchel (Madrid),
ubicada en el mismo recinto que la Central de Observación.
Allí estaba Pepe, al que también habían clasificado en segundo grado,
y otros muchos compañeros anarquistas, algunos ya condenados y otros
a la espera de juicio, acusados de terrorismo, en la Audiencia Nacional.
La tercera galería de Carabanchel era inmensa, bastante más larga
que cualquiera de las dos más grandes de la Modelo de Barcelona y tenía
tres plantas, una más que en la Modelo o en el Penal de Segovia.
Un pasillo de la segunda planta y toda la tercera planta estaba ocupada
por presos acusados de terrorismo, el resto de la galería y las otras
cinco galerías estaban ocupadas por presos comunes.
Allí había presos de ETA (militar), de ETA (político-militar), de
GRAPO y PCE(r), de PCE(i), anarquistas de CNT, anarquistas independientes,
Grupos Autónomos y la FIGA, independentistas catalanes,
gallegos y canarios y algún palestino de la OLP.
En esa época, la tercera galería de Carabanchel estuvo bastante agitada;
durante unos tres meses, casi no había día sin que un preso fuera
apuñalado por asuntos relacionados con las drogas. Cuando salíamos al
patio, nos dábamos perfecta cuenta de quién iba a apuñalar a quién.
Una noche de sábado, mientras paseábamos por la planta baja, un
preso común amenazaba con tirarse desde la tercera planta; después de
insistir unas cuantas veces, alguien le dijo:
—¡Tírate ya y deja de dar el coñazo, capullo!
Se tiró reventándose el cráneo contra el pavimento dejando un
perímetro bastante amplio lleno de sangre y sesos.
Seguimos paseando como si nada hubiese sucedido.
En esa época estaba en Carabanchel Sánchez Casas, dirigente del
PCE(r), brazo político de los GRAPO. Casi cada día intentaba convencernos
de la necesidad imperiosa que tenía el Estado de conceder
una amnistía política; nosotros estábamos convencidos de que no iba a
ser así, pero no le decíamos nada, estaba condenado a más de 1.000
años de cárcel y aún le quedaban un centenar de juicios más, un juicio
por cada atentado o atraco de los GRAPO.