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CASO SCALA. TERRORISMO DE ESTADO Y ALGO MÁS
Epílogo
Alguien, desde la libertad de la calle, en algún momento, lo consideró
un «montaje policial contra la CNT» y lo utilizó como estrategia política
de defensa del anarcosindicalismo.
Si bien, durante los primeros meses, apoyaron como central sindical
únicamente a los presos del Caso Scala, no tardaron en decidir, en una
reunión plenaria del Comité Nacional, que había que olvidar el apoyo a
los presos del Scala y dedicar los esfuerzos a intentar reorganizar la
CNT —existe un acta documental a la que jamás he tenido acceso—.
Cierto es, sin embargo, que durante muchos años en los periódicos
anarcosindicalistas CNT y Solidaridad Obrera apareció la lista de los
presos anarquistas que, en algunos momentos llegó a la cincuentena,
pero más que en apoyo a su libertad, como estrategia de rentabilidad
política. Cada vez, con el paso del tiempo, me resulta más claro...
Aquello no era un montaje policial contra la CNT, una organización
anarcosindicalista que resurge de la clandestinidad hacia 1976, de
manos de los «cincopuntistas», Diego Abad de Santillán, el ministro del
Interior Rodolfo Martín Villa y el alcalde de Barcelona de la época, con
la única intención de restar fuerzas a los únicos sindicatos representantes
de los trabajadores de la época: CC. OO. y UGT.
Sin embargo, meses después el Estado pierde el control de la central
sindical, y el colectivo anarcosindicalista se radicaliza; es entonces cuando
el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, decide que hay que
acabar con esa CNT que se les ha ido de las manos y especialmente con
todo ese Movimiento Libertario que resurge con inusitada fuerza en
Calatuña, e inicia su primera chapuza policial en 1977.
La CNT, sin embargo, no hubiese tardado demasiado tiempo en
caer por su propio peso, las luchas intestinas por el control del poder de
la central sindical —como si de un partido político tradicional se tratase—
entre cincopuntistas, marxistas, arribistas, posibilistas..., hubiesen
dado al traste con la organización en poco tiempo y de ello era perfectamente
consciente el Estado, que tenía infiltrados a agentes secretos
en los más altos rangos de la organización.
El «montaje» no policial, sino «estatal», estaba dirigido pues contra
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PUNTO DE INFLEXIÓN
el creciente Movimiento Libertario existente en Cataluña y contra la
aparición casi continua de grupos que apostaban por la lucha armada,
grupos sin conexión entre sí que no cesaban de cometer atentados contra
estamentos judiciales y empresas privadas, y que jamás causaron una
sola baja humana, grupos de difícil control estatal y policial.
Cierto es que en esos días posteriores al incendio de la sala de fiestas
fueron detenidos centenares de militantes de la CNT de todo el país,
pero aquello no fue una «caza de brujas» como apuntan algunos posibilistas,
aquello, simplemente, fue una estrategia estatal para demostrar
la rápida eficacia policial en la detención de los inculpados.
En definitiva, seis meses de cárcel de Rosa y Pilar, dos años de cárcel
de Maite, dos años y once meses de cárcel de Luis y ocho años de cárcel
de Arturo, Pepe y el que suscribe, no han servido para demostrar quién
o quiénes y por qué atentaron contra la sala de fiestas Scala de
Barcelona, asesinaron a cuatro trabajadores y propiciaron la pérdida de
sus puestos de trabajo a más de dos centenares de trabajadores, afiliados
en un 70% a la CNT.
Existen, todavía hoy, diferentes opiniones sobre cuál debería haber
sido la estrategia que se debía haber empleado en el juicio o pantomima.
Desde las radicales posturas de ex miembros de la FAI que nos
planteaban un «juicio político» y no «reconocer al Tribunal», ante una
petición fiscal de 80 años de cárcel para cada uno y sin ninguna posibilidad
de organizar ninguna lucha en la calle; hasta las de dircurso posibilista
que nos planteaban reconocer haber tirado los cócteles molotov
para hacer un «juicio meramente técnico» que permitiera descubrir que,
efectivamente, el Scala no había ardido por esos seis cócteles molotov,
sino por dos bombas de deflagración masiva de napalm (fósforo), previamente
introducidas por altas esferas policiales en la sala de fiestas.
Si nos equivocamos o no en el planteamiento de la estrategia, no es
algo que deba dilucidar nadie ajeno a nuestro sufrimiento carcelario.
Siempre hemos reivindicado «el derecho a equivocarnos», nosotros y
no los que critican nuestra estrategia; somos lo que hemos asumido las
consecuencias.
Sin embargo, siempre tuvimos claro que empleásemos la estrategia
que fuese, estábamos condenados desde el mismo momento en que nos