maestra mabel basaistegui - Consejo de Educación Inicial y Primaria

las evaluaciones como parte importante de los procesos de enseñanza y a partir de lo que se han
propuesto enseñar, enmarcado en el Programa Escolar.
La toma de decisiones políticas en base a las miradas parciales que se aportan desde
evaluaciones ajenas a la realidad de las escuelas, tendrán un alcance parcial. La legitimidad de las
decisiones estará determinada en la medida en que se prioricen los aportes de quienes a diario
enfrentan las dificultades concretas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es decir de los
maestros.
La ATD rechaza el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por considerar que si bien “es
positivo tratar de unificar los criterios de evaluación en los distintos subsistemas, así como la
coordinación que debe existir entre éstos”, “la nueva ley crea un Instituto Nacional de Evaluación
Educativa como un desconcentrado más del MEC”, “preocupa las potestades determinadas por la
ley, en los Art.: 114, 115, 116, 117, 118 y 119, donde la injerencia de las políticas educativas en
las instituciones educativas generará la pérdida de independencia de criterio, autonomía de
proceder, desdibujando el rol docente y con ello su desprofesionalización, restando credibilidad
ante la opinión pública. Además la modificación de la integración, establecida en el art. 114, da
más peso al MEC, aumentando la injerencia del Poder Ejecutivo y disminuyendo la presencia de la
ANEP.
Las A.T.D. cuestionan y rechazan la injerencia de este Instituto en los currículos, así como
que evalúe la calidad y el desarrollo de los docentes. También se pronuncian en contra de que los
centros proporcionen los medios para las evaluaciones que éste realiza, puesto que establece
implícitamente la obligatoriedad de participar en las mismas. La dinámica, incesante y cambiante
realidad escolar requiere de la toma de decisiones que no obedezcan a modas o mandatos
determinados por otros intereses.
Los procesos de investigación-acción que desarrollan muchos docentes, deben ser
apoyados, valorados, garantizando la sistematización de su realización. La escuela se construye
con el esfuerzo que día a día realiza cada uno de los trabajadores, pero destacamos
especialmente en este ámbito, el esfuerzo de los maestros, poco reconocido, objeto de duras
críticas, pero en última instancia, recurso siempre utilizado para la instrumentación de todo tipo de
planes y políticas sociales y educativas, más o menos permanentes y sostenibles en el tiempo.
También hay consenso en afirmar que, la mayoría de las veces, la formación inicial que se
ofrece no está a la altura de los desafíos profesionales que los futuros docentes deberán resolver
en las aulas. La desprofesionalización a la que día a día se somete a los docentes y el bajo
reconocimiento de su rol en la sociedad, hace –entre otras cosas- que sean menos los jóvenes
que optan por esta carrera.
Esta ATD considera que las condiciones actuales en materia salarial generan dos
situaciones graves en torno al desarrollo profesional de la docencia: - la no opción por estudiar
magisterio y – de los que estudian y se reciben, muchos se van a trabajar a otros lugares con
mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, menos estrés y mayor reconocimiento social a
la tarea.
Todos estos factores inciden en el problema que hoy se evidencia en nuestras escuelas
que es la falta de maestros de aula.
Es tiempo de que el trabajo de los docentes sea valorado. Es cuestión de justicia. Se
debe dejar de apelar al trabajo de voluntariado de los maestros. La incorporación a la unidad
docente de horas pagas, que reconozcan el trabajo que llevan adelante, redundará en una mayor
profesionalización docente. Prestigiar la tarea docente con el reconocimiento profesional y salarial
para quien desarrolla una tarea fundante para la sociedad, es un debe de los actores políticos de
hoy, que rasgan sus vestiduras y en cada período electoral toman como caballo de batalla el
debate por la educación.
El acceso o no a la carrera docente, ya sea desde los niveles de formación como en el ejercicio
profesional, debe ser profundamente analizado por la sociedad en su conjunto. Desde el Ministerio
de Educación y Cultura se alientan políticas de privatización de la Formación Docente. Esta ATD
formula su más sentido rechazo a tal cuestión. La sociedad debe asumir como una
responsabilidad de Estado la formación de sus docentes. No se puede delegar su vigilancia e
implementación por tratarse de la formación de quienes garantizarán el acceso a un derecho
humano fundamental: la Educación, para todos, en todas las edades, a lo largo de toda la vida.
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