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Sólo en 1823, después de la derrota del indio Agualongo,
quien agitó los últimos ímpetus monarquistas en
Pasto, y tras el triunfo del mulato Padilla sobre
los ejércitos españoles concentrados en Maracaibo, logró
consolidarse la Independencia en la Nueva Granada. El
vicepresidente Santander, agobiado por el compromiso de
sostener los ejércitos que peleaban en el Perú, pretendía
simultáneamente organizar la República e impulsar el cambio
ofrecido: la extinción gradual de la esclavitud, el impulso a
la instrucción pública y la abolición de los tributos indígenas
comenzaban a volverse ciertos, aunque lentamente, en algunos
de los principios consagrados por la Constitución de Cúcuta.
La felicidad esperada con la Independencia se demoraba
en llegar y los juzgados, atiborrados por representaciones y
querellas, eran síntoma del cambio en una sociedad cuyas
reglas se desplomaban a la espera de un nuevo orden. Mientras
el Congreso Constituyente, reunido desde enero de 1823,
discutía las leyes de la República, en las poblaciones los alcaldes
continuaban administrando justicia con procedimientos
que mezclaban el viejo derecho real y los nuevos derechos
ciudadanos.
En medio de tal desconcierto, a comienzos de 1823 la
justicia en Girón avanzaba como podía llevando adelante la
causa por robo del correo, que por estar prófugo González,
recaía en José Ignacio Anidos y Juan Antonio Mantilla.
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