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Como primera respuesta a las acciones de Valenzuela,
los acusados interpusieron excepciones dilatorias
con el propósito de destruir o enervar la demanda. La
primera de ellas, declinar al juez por incompetencia, la planteó
González en ofi cio dirigido al gobernador de la provincia el
19 de noviembre 85 . Por no existir un asesor letrado en Girón
para aconsejar al alcalde en la administración de justicia como
lo exigía la ley sobre organización de tribunales y juzgados 86 ,
el alcalde Serrano debió enviaren ese mismo mes un correo
extraordinario para llevar el expediente a consulta del doctor
José María Baloco, residenciado en el Socorro.
Aunque en ciudades más próximas residían asesores
idóneos, fue necesario hacerlo así ante la renuencia y
difi cultades que éstos opusieron a participar en el asunto: el
doctor Eusebio García Salgar, residente en Bucaramanga, se
ausentó hacia Cácota de Matanza; el doctor Joaquín Suárez,
sacerdote de Piedecuesta, se excusó por compromisos de
trabajo; a los letrados Joaquín Vargas, sacerdote residente
en San Gil, y Jacinto María Ramírez, radicado en el Socorro,
el acusado, en nueva acción dilatoria, los recusó por
“sospechosos”. Por lo tanto, un hombre contratado y pagado
por González, quien por haber promovido la consulta debía
asumir su costo, llevó la causa hasta el Socorro y de allí hasta
Chiquinquirá en donde se encontraba el doctor Baloco, quien
85 Causa, f17r.
86 “En las causas criminales y en demandas civiles que excedan la cuantía de 25 pesos
no se pronunciarán juicios sin dictamen de Asesor Letrado”.
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