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Derechos (el nacional y el extranjero).
Esta regulación es sumamente significante, puesto que las actividades
que despliegan sus comerciantes deben ajustarse al concurso de
legislaciones, de lo contrario se provocará desajuste legal por la inadecuada
aplicabilidad del Derecho. Si los actos que realiza una empresa no se
encuentran debidamente encuadrados en la norma competente, se incurriría
en actos ilícitos carentes de toda validez, igual sucederá con los actos que
realizan los comerciantes o agentes de las sucursales de la empresa.
En este orden de ideas, es igualmente necesario señalar la importancia
de cumplir y respetar no sólo las leyes del país, sino el Derecho interno de
las legislaciones extranjeras en el cual se estén celebrando actos de
comercios. Así, por ejemplo, sí la sucursal de la empresa con sede principal
en Venezuela se encuentra en el extranjero y celebra acto cuyas normas
legales de ese país no lo permiten, estará latente a ser sancionada por esa
legislación aunque su sede principal se encuentre en el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela.
Desde este punto de vista y en virtud del actual auge de los
movimientos comerciales tendientes a la expansión territorial de las
empresas en el extranjero, emerge la imposición de establecer la
competencia jurisdiccional de estas sucursales, donde sus procedimientos
judiciales deben iniciar obviamente, ante el juez competente.
En tal sentido, la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales por
actos celebrados en el extranjero, merece en primer lugar el establecimiento
de un sistema jurídico competente que permita determinar el Derecho
aplicable. De esta necesidad no escapa la institución jurídica de la quiebra,
procedimiento judicial por excelencia caracterizada por la presencia del juez
para su declaración.
La determinación de la competencia jurisdiccional para la solicitud de la
quiebra, cuando intervienen legislaciones extranjeras amerita el estudio de
concurso de Derechos aplicables; así independientemente que las
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