SistematizaciÃ³n de las iniciativas regionales para la prevenciÃ³n del ...

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10. Para prestadores con personal a cargo: Diseñar procedimientos específicos, que contemplen medidas preventivas y correctivas adecuadas tendientes a impedir la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores y designar funcionario(s) o empleado(s) responsable(s) de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos. El Código de Conducta debe ser suscrito por el representante legal de la empresa turística o por la persona natural que desarrolle estas funciones, y luego debe ser remitido al Ministerio de Comercio y Turismo. Asimismo, el Ministerio de Comercio y Turismo exige a los prestadores de servicios turísticos que contraten personal la presentación de un cuestionario sobre mecanismos de prevención y control de la explotación sexual comercial infantil. La no presentación de dichos documentos acarreará el inicio de una investigación administrativa por parte del Ministerio de Comercio y Turismo, que puede implicar la imposición de una sanción. Esta metodología difiere absolutamente de la desarrollada en los demás países latinoamericanos comprendidos en la presente investigación. En Colombia el Código de Conducta debe ser asumido por todos los prestadores de servicios turísticos, en virtud de una obligación legal, que de ser incumplida acarrea el inicio de una investigación administrativa que podría conllevar graves sanciones. En consecuencia, el Código de Conducta en Colombia deja de ser un instrumento de adhesión voluntaria, producto del compromiso del sector empresarial en favor de la infancia (tal como fue concebido originalmente), y se convierte en un mandato de ley. Esta situación implica que los prestadores de servicios turísticos deben adoptar el Código de Conducta, así no se sientan motivados y comprometidos con la protección de los derechos de la infancia. Inclusive la suscripción del Código no implica necesariamente que los prestadores de servicios turísticos conozcan la problemática de la ESCI. Debe resaltarse que es conveniente que la adopción de un Código de Conducta contra la ESCI no debería realizarse por el “temor” a una sanción administrativa, sino que debería ser el resultado de un compromiso de responsabilidad social empresarial a favor de la infancia. Por otro lado, cabe señalar que el artículo 17º de Ley Nº 679 establece que: “Los establecimientos hoteleros o de hospedaje incluirán una cláusula en los contratos de hospedaje que celebren a partir de la vigencia de la presente ley, informando sobre las consecuencias legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país. Las agencias de viaje y turismo incluirán en su publicidad turística información en el mismo sentido. Las aerolíneas nacionales o extranjeras informarán a sus usuarios de viajes internacionales con destino Colombia acerca de la existencia de la legislación contra la explotación sexual de menores de edad”. Lo óptimo sería que las obligaciones establecidas en este artículo formen parte de los compromisos contenidos en un código de conducta contra la ESCI en el turismo de adhesión voluntaria. En este sentido, la mayor parte de los códigos de conducta analizados contemplan la obligación de “informar a los viajeros sobre las consecuencias legales negativas de la ESCI”.
No obstante ello, no es negativo que la ley obligue a los prestadores de servicios turísticos a brindar información básica sobre las consecuencias legales de la ESCI a los usuarios de los servicios turísticos, pues se trata de una medida mínima de protección de la infancia. Finalmente, cabe señalar que el Código de Conducta de observancia obligatoria implementado en Colombia no ha contemplado explícitamente la necesidad de capacitar al personal que labora para los prestadores de servicios turísticos en la problemática de la ESCI, lo cual constituye una medida fundamental para enfrentar el problema.
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