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La subida de Uribe al poder consolida el cambio de estrategia que empezó
ya en el gobierno de Pastrana, con la supresión de la zona de despeje en el
Cahuán. En verdad, el proceso de paz en realidad fue entendido por ambas
partes como un espacio de recomposición y realineamiento de fuerzas, de
potenciación y ganancia de ventajas estratégicas y tácticas en miras a una
confrontación militar inevitable, con lo que los supuestos dialogantes
pretendían consolidar sus posiciones en un juego de suma cero.
A pesar de la resistencia que algunas instituciones presentaron a las
ingentes y cada vez más abiertas presiones del eje, destinadas a provocar la
reversión de nuestra política nacional de seguridad, que hasta entonces estuvo
caracterizada por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la
soberanía y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos, y la no
intervención en el tema interno colombiano. Esta política, en su aplicación
práctica como visión de Estado, había logrado detener eficientemente la
potencial expansión del conflicto tras nuestras fronteras, política y logró generar
un amplio consenso nacional del conjunto de actores sociales, políticos e
institucionales relevantes del país, como fue expresado en el diseño de la
Política de Seguridad presentada en el Libro Blanco de la Defensa Nacional.
Lamentablemente, dadas las condiciones de extrema debilidad,
ambigüedad y opacidad del gobierno nacional en la discusión de este tema vital
para el país, así como la desinstitucionalización del proceso de toma de
decisiones en el frente externo, fue posible una reversión de la misma, que
amenaza de manera radical la misma viabilidad del Estado ecuatoriano, de
continuarse con la política en curso, que subrepticiamente ha refrendado el
diagnóstico de seguridad del eje Washington-Bogotá, creando condiciones
enormemente complejas y extremadamente graves a futuro para nuestro país.
Hay que insistir en este punto clave: la política de Seguridad y defensa
frente a Colombia, planteada en el Libro Blanco de la Defensa Nacional, ha
sido desechada y cambiada por otra alineada y concertada tras bambalinas con
los Estados Unidos y Colombia. El eje Washington-Bogotá ha logrado esta
transformación, incluso a contracorriente del consenso nacional en torno al
tema, que se cristalizó en las propuestas del Libro Blanco, mediante una hábil
política de opacidad informativa y control de cualquier filtración en torno a los
acuerdos sustanciales a que se llegó, mediante operaciones de presión
sistemática y ascendente en todas las áreas de interés para el país,
aprovechando además, insistimos, la enorme debilidad del gobierno, que hizo
del apoyo estadounidense uno de sus puntales fundamentales, tanto para
sostenerse internamente, como para conseguir mejores condiciones de
negociación y acceso a recursos financieros externos.
En este contexto, el lanzamiento del Plan Patriota en Colombia, o mejor
dicho su visualización aún embrionaria, es un factor de importancia central. La
estrategia del yunque y martillo, ha sido consensuada, sea tácita o
expresamente, con el Ecuador en reuniones con el gobierno y Fuerzas
Armadas colombianas y el Comando Sur en los tres países, de acuerdo con
múltiples fuentes, aunque el gobierno lo niegue. Sea por incuria política, por
torpeza diplomática o por cálculo estrecho, y en contra de la opinión mayoritaria