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Desde el punto de vista del CSMM, este es el objetivo fundamental del Plan de
Contingencia, por lo que es indispensable efectuar algunas precisiones
conceptuales y jurídicas sobre las prioridades que se deberían enfrentar si
llegase a producir un desplazamiento masivo de la población civil colombiana
del departamento del Putumayo a la provincia de Sucumbíos.
El ACNUR, las organizaciones humanitarias y las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos deben vigilar el fiel cumplimiento de
las obligaciones del Estado ecuatoriano emanadas de la suscripción y
ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, así como la Declaración
de Cartagena, adoptada en el marco del Coloquio sobre la Protección
Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá:
problemas Jurídicos y Humanitarios, (Cartagena de Indias, Colombia, 19 al 22
de noviembre de 1984), aprobada por la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos en 1985.
Los principios y derechos básicos que el Estado Ecuatoriano está obligado a
respetar, pero que no se mencionan explícitamente en el Plan de Contingencia,
son los siguientes:
• Los refugiados tienen el derecho a ser protegidos contra una devolución.
Tanto el artículo 33 de la Convención como las conclusiones número 6 y 22
del EXCOM afirman que debe observarse escrupulosamente el principio
fundamental de no devolución, incluido el no rechazo en la frontera (13). El
CSMM exhorta a la Cancillería ecuatoriana y a la Oficina de Enlace del
ACNUR, a agotar todos los recursos posibles para asegurar que las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional procederán en la frontera colomboecuatoriana
de acuerdo a este principio del derecho internacional de los
refugiados.
• Sin embargo, el CSMM reconoce la facultad del Estado ecuatoriano a
aplicar el artículo 33.2 de la Convención de 1951 si considera, por razones
fundadas, que un solicitante de refugio podría ser una amenaza para la
seguridad del país. Por tal razón, es pertinente asegurarse que las
autoridades gubernamentales ecuatorianas tienen pleno conocimiento de
las conclusiones números 8 y 15 (j) del EXCOM que afirman que debe
existir una autoridad claramente identificada, encargada de examinar las
solicitudes de concesión de la condición de refugiado, y que ninguna
autoridad en la frontera debe rechazar una solicitud de asilo sin remitirla a
ella.
• El derecho a la agrupación familiar, considerando la posibilidad objetiva de
la llegada de niños y niñas no acompañados. Aunque la Convención de
1951 no dice nada al respecto, la Convención sobre los Derechos del Niño,
de la que Ecuador es Estado Parte, dispone que los Estados deben agilizar
la reunión del niño con su familia (CDN, Art.22). Sobre la situación de los
niños y las niñas refugiadas, el CSMM considera que el Plan de
Contingencia en mención invisibiliza la prioridad que el Estado ecuatoriano
debe conceder a este grupo humano vulnerable, en virtud de su propia