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Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana (ECORAE),
o la de las organizaciones no gubernamentales como el Centro de
Investigaciones de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME), promotor
de eventos de análisis como las Jornadas Internacionales Amazónicas, con
auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), son
fuentes no consultadas, cuya valiosa información podría ser incorporada en
esta introducción.
Problemática y justificación
Colombia atraviesa desde hace aproximadamente cinco décadas un grave y
profundo conflicto social y armado, en el que los actores de las violencias son
el Estado colombiano, a través de las Fuerzas Armadas y Policía; la guerrilla,
principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN); la narco industria, a través del sicariato y
sus cuerpos privados de seguridad; y los paramilitares, cuyo fundamento
jurídico fue proporcionado por la Ley 48 de 1968.
Mencionar en un documento oficial que la situación del vecino país del norte,
Colombia, que por más de 30 años enfrenta conflictos con grupos armados
como la guerrilla, narcotráfico y paramilitares, ha provocado inseguridad en la
frontera norte de Ecuador, fundamentalmente en la provincia de Sucumbíos,
denota un conocimiento superficial de la compleja situación social y política
colombiana y regional. No sólo se desconoce al Estado colombiano como uno
de los actores de las violencias sino que coloca en igualdad de condiciones a la
guerrilla, el narcotráfico y los paramilitares.
De manera adicional, considerar el tráfico de drogas como la causa principal de
la violencia política en Colombia es un mito. Ya en 1992, la Comisión Andina de
Juristas calculó que los traficantes de drogas eran responsables de menos del
2% de los homicidios políticos y de las desapariciones que no se habían
producido en combate; atribuía a la guerrilla alrededor del 20% y consideraba
que las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares habían llevado a cabo
más del 70% de las violaciones a los derechos humanos.
Los dos párrafos siguientes del acápite en mención del Plan de Contingencia
mantienen la misma tónica. No hay datos ni fuentes que corroboren esas
afirmaciones.
No es admisible tampoco que un organismo de Naciones Unidas, como el
ACNUR, sea copartícipe de un documento en el que se afirme que la
constante migración de ecuatorianos y colombianos por la frontera norte de la
provincia de Sucumbíos ya sea en búsqueda de trabajo y servicios, o por
actividades comerciales legales o ilegales ha creado un ambiente de
inseguridad (las cursivas son responsabilidad del CSMM), dado que el control
policial y migratorio en los puntos de ingreso es mínimo, peor cuando en la
parte sur del vecino país, Colombia, no existe fuerza pública, ni policial, ni
militar, únicamente el control de grupos armados como la guerrilla, narcotráfico
y paramilitares.