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El proceso de paz terminó por fracasar en febrero del 2002, debido a las discrepancias
irreconciliables entre las partes. Los grupos irregulares se opusieron
abiertamente a la presencia de una comisión internacional de verificación o
acompañamiento, ya que para ellos el conflicto era netamente interno. Tampoco
estaban de acuerdo con el Plan Colombia, pues estimaban que a través de éste, el
Estado buscaba fortalecerse para enfrentarles, y representaba un abierto
intervencionismo estadounidense. Obró también como obstáculo insuperable la
continuación de las hostilidades por parte de la guerrilla, su negativa de acordar un
alto al fuego y la no sujeción a las normas de derecho internacional humanitario.
Un punto que debe resaltarse en la vida política colombiana constituye que el
mandatario Álvaro Uribe Vélez, electo en el 2002, es la primera persona que llega a
la presidencia sin antes haber militado en alguno de los tradicionales partidos
políticos (liberal y conservador) y ha asumido importantes desafíos, entre ellos el
hacer respetar el estado de derecho, buscar la paz y asegurar la integridad del país
sin cerrar posibilidades de diálogo con los grupos subversivos para cuyo efecto, su
estrategia involucra una participación más activa de la comunidad internacional.
Simultáneamente, esforzarse por erradicar la producción, tráfico y consumo de
drogas ilícitas a través de acciones integrales en lo político, económico, social y
militar y neutralizar la delincuencia organizada y sus efectos. Pero ese cuadro se
complica si se considera que los rebeldes de las FARC lo recibieron con una virtual
guerra al asumir el mando de la nación.
El Dr. Álvaro Uribe presentó el 9 de agosto del 2002 un Programa estratégico
de Seguridad Democrática para convocar a los colombianos a apoyar de manera
explícita y sin reticencia a la fuerza pública. Dicho documento considera también la
participación de 100.000 ex soldados y policías voluntarios, los cuales, sin estar
armados, cumplen funciones de apoyo y de información y decretó el estado de
conmoción Interior para enfrentar la violencia y el terrorismo; la primera disposición
anunciada al amparo de esta medida fue el establecimiento de un impuesto del 1,2
% sobre el patrimonio de los ciudadanos y empresas más pudientes, con la
finalidad de recaudar cerca de 770 millones de dólares para financiar el empleo de
las Fuerzas Armadas.