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La situación reviste extrema gravedad para el Ecuador, toda vez que estas
operaciones empujarán a guerrilleros y población hacia nuestra frontera, donde
la situación de simpatía por los guerrilleros es conocida. La expansión del
cultivo de coca, de la violencia social, política y militar asociada al conflicto, la
posible presencia de gran cantidad de desplazados, dificultad para atender a
quienes ingresan al país en calidad de desplazados, así como la fragilidad
estratégica de las estructuras de producción y transporte del petróleo, eje
central de la economía nacional, hacen perceptible una amenaza gravísima a la
estabilidad del estado, peor aún combinada con indicadores sociales
deprimentes y procesos de movilización e incremento de las tensiones
sociales.
Las previsiones para el nuevo escenario de seguridad, que ya se encuentra
claramente establecido, son francamente negativas. Analistas militares y
asesores civiles del Ministerio de Defensa Nacional (MIDENA) ya lo habían
precisado en continuos documentos presentados a consideración del Ministro.
Sin embargo, la verdadera política de seguridad y la reorientación radical de la
misma fue procesada por Cancillería, bajo una conducción extremadamente
personalizada, y la Presidencia en un contexto de enorme debilidad de Fuerzas
Armadas, que se habían constituido en el último bastión del diagnóstico
nacional de seguridad autónomo, aprovechándose también de las divisiones
internas dentro de la Institución y los serios cuestionamientos en diversos
ámbitos, militares, políticos y de la opinión pública al Alto Mando, por diversos
temas críticos.
Esta reorientación, al proporcionar un objetivo profesional a la Institución,
puede ser considerada por el Alto Mando como un mecanismo de
recomposición de su autoridad, severamente golpeada por la politización del
mismo y los continuos escándalos producidos, Sin embargo, las motivaciones
estructurales del descontento militar permanecen, y el escenario de conflicto
puede orillar a una confrontación con la misma población ecuatoriana de
frontera, con alta probabilidad, desconstituyéndose así esta suposición, ya que
afectaría las relaciones entre FF.AA y sociedad regional, más aún cuando la
capacidad de batalla y experiencia en guerra irregular de las FARC es enorme,
como resultado de un acumulado operacional de más de cincuenta años, con
fuertes lazos con sus bases sociales campesinas cocaleras, y con estructuras
organizativas de carácter logístico de larga data dentro del país, así como con
relaciones efectivas con actores internos favorables a plantear escenarios
endógenos de violencia.
Por lo demás, la misma efectividad del Plan Patriota debe ser colocada en
tela de juicio, ya que las FARC han organizado un repliegue estratégico, para
salvaguardar sus estructuras, han cambiado de táctica militar, pasando de las
columnas grandes a golpear, desaparecer y esperar nuevamente, mediante
operaciones menores. La posibilidad de quince mil tropas colombianas de
controlar las extensas zonas de la jungla, así como de desarticular las bases
sociales, económicas y políticas de las FARC deben ser consideradas desde
esta perspectiva, más aún cuando su forma de operación no va a implicar un
control eficiente de la territorialidad, sino presencia puntual y retiradas rápidas,
habida cuenta que el mismo implicaría una reducción significativa de su pie de