hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

2. ¿qué es la democracia
La democracia es distinta en cada país, y en cada época.
Hace cien años, el sufragio universal para los hombres era
algo disputado, y el voto de las mujeres parecía impensable.
Ahora parece inexplicable que en un tiempo las mujeres no
tuvieran derecho a votar y un hombre rico tuviera más votos
que uno pobre. Lo mismo sucederá con los referendos.
Llegará un tiempo en el que nadie recuerde cuando la gente
no podía decidir su destino libremente.
La democracia evoluciona. Dada la diversidad de formas de
la democracia en los distintos países, ¿cuáles son en la actualidad
las características esenciales de una democracia ¿Qué
permite a una democracia ser distinguida de un sistema no
democrático Un dictador que se autodenomina democrático
es todavía un dictador. Tiene que haber criterios objetivos
para hacer posible esa distinción. Llamamos al conjunto de
esos criterios el «arquetipo» de la democracia.
En busca del arquetipo
Democracia significa «gobierno del pueblo». Hay, por supuesto,
muchas otras formas de gobierno o poder de estado.
En una «oligarquía», por ejemplo, una pequeña élite gobierna.
En una «timocracia» la gente rica gobierna. En una «teocracia»
se supone que Dios ejerce el poder.
El término «democracia» disfrutó de mayor aceptación a
partir del siglo veinte. Prácticamente todos los estados se
refieren de un modo u otro al ideal democrático, incluso si
su régimen es totalitario. La democracia ha prevalecido, al
menos al nivel de ideal. Las cosas eran diferentes en el siglo
dieciocho, cuando «demócrata» era un insulto.
Debido a que el poder del estado se expresa a través de la
legislación, «democracia» significa que es el pueblo el que
hace las leyes. En una democracia, las leyes derivan su autoridad
del hecho de que la gente las aprueba, de un modo
u otro. El poder legislativo en una oligarquía se apoya en la
aprobación de una minoría, y en la bendición divina en una
teocracia. En una democracia no hay ninguna autoridad por
encima del pueblo.
Las leyes imponen obligaciones, no sobre el pueblo como un
todo, pero sí ciertamente sobre los ciudadanos individuales.
Los miembros individuales de la sociedad deben reconocer la
autoridad de la ley porque ellos también han tenido la oportunidad
de darle forma, en principio, a esa ley. De esta manera
llegamos al concepto de Jean-Jacques Rousseau de «contrato
social»: la legislación es el resultado de un contrato social
entre ciudadanos iguales y responsables. Desde el punto de
vista democrático, una ley sólo está legitimada cuando aquellos
que se supone deben cumplir esa ley pueden también
contribuir a su redacción.
El concepto de «contrato social» se entiende mejor de forma
negativa, a través de un proceso de eliminación. Si la autoridad
de legislar no es derivada de la autoridad de Dios, o
de los nobles, o de los propietarios de tierra, dinero o conocimiento,
entonces la única posibilidad que queda es el
contrato social. Las leyes derivan su autoridad del hecho de
que son acuerdos voluntarios hechos entre los miembros de
la comunidad legal.
¿Cómo pueden los ciudadanos suscribir un contrato social
entre ellos Obviamente deben juntarse, discutirlo y llegar
a un acuerdo. Esto crea el primer ejemplo específico de la
reunión democrática: la asamblea pública.
Estas asambleas públicas tienen también una realidad histórica.
En algunas comunidades pequeñas, por ejemplo en los
Estados Unidos y en Suiza, las asambleas públicas todavía
juegan un papel hoy (ver 2-1). Es claro que la asamblea pública
no puede funcionar en un estado constitucional moderno
con millones de ciudadanos. Pero, del mismo modo, la
asamblea pública proporciona un ejemplo práctico inicial del
ideal democrático. Por lo tanto, examinemos primero las características
esenciales de la asamblea pública democrática.
Los principios de la asamblea pública
Ciertos principios se encuentran en todas las asambleas
públicas democráticas.
El principio de igualdad
El principio de igualdad constituye la base de la asamblea pública:
todos los miembros maduros (en el sentido de responsables)
de la comunidad pueden tomar parte en la asamblea
pública y tienen igual peso en la toma de decisiones.
No es fácil basar este principio de igualdad en un principio
positivo. Es, sin embargo, muy fácil definirlo de forma negativa.
Después de todo, el ideal democrático está basado en el
principio fundamental de que no hay ninguna autoridad por
encima del pueblo. Este principio implica por definición que
todos los asistentes aparecen como iguales. Si algunos de los
asistentes tienen más peso que otros en la toma de decisiones,
simplemente por ser quién son, nos encontramos de
vuelta en una oligarquía.
De manera que el voto de cada persona madura tiene el mismo
peso. La historia de la democracia en el siglo veinte ha
sido en gran parte una lucha por este principio, una lucha
que fue conducida principalmente en tres frentes: el sistema
de sufragio universal (en el cual cada persona, independientemente
de sus posesiones, edad o competencia, tiene el
mismo derecho al voto); el derecho de las mujeres a votar; y
el derecho al voto independientemente de las características
biológicas de los ciudadanos (por ejemplo, el derecho de voto
de la gente de color en Sudáfrica).
El derecho de iniciativa
El derecho de iniciativa implica que cada miembro de la
asamblea pública tiene el mismo derecho a hacer propuestas.
Por lo tanto, la agenda de la asamblea pública no es definida
por una élite.
El derecho de iniciativa no es otra cosa que una aplicación
especial del principio de igualdad. No significa que las propuestas
no deban estar acotadas por unas reglas. Por ejemplo,
tales reglas pueden especificar que una propuesta debe
ser emitida 14 días antes de la asamblea, o que una propuesta
debe ser firmada por al menos cien asistentes. Lo que es
esencial es que las reglas sean las mismas para todos.
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