hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

• Cuanto mayor sea la polarización dentro de una coalición
multi partidaria, mayor la tendencia a acumular deuda
• Cuanto más probable sea que el partido en el gobierno
pierda las próximas elecciones, mayor será la tendencia a
aumentar la deuda
• Cuanto más corta sea la duración media de los gobiernos,
mayor será la deuda
• Cuantos más socios integren una coalición de gobierno,
mayor será la deuda
(Roubini y Sachs, cuya investigación se centraba en países de
la OCDE durante el periodo 1960-1985; otras referencias en
Von Weizsäcker, 1992)
Estas observaciones demuestran que el pensamiento a corto
plazo de la élite política juega un papel crucial en la acumulación
de un déficit nacional: por así decirlo, la deuda se incurre
para comprar votos, Von Weizsäcker (1992), por lo tanto,
cree apropiada la celebración de un referéndum obligatorio
para permitir que los gobiernos puedan incurrir un déficit
presupuestario.
Como ya hemos visto en el capitulo 5, Feld y Matsusaka (2003)
examinaron el comportamiento de los votantes en los referendos
sobre gasto público celebrados en Suiza. En un importante
número de cantones el gasto público está sujeto a la celebración
de referéndum obligatorios. Cada gasto individual del
sector público que esté por encima de una cierta cantidad (la
media es de 2,5 millones de francos suizos) debe ser aprobada
separadamente a través de un referéndum. Feld y Matsusaka
hallaron que los cantones que cuentan con este tipo de referéndum
obligatorio gastaban un 19% menos que el resto de
cantones (las cantidades se refieren al periodo 1980-1998).
Matsusaka encontró el mismo efecto en los Estados Unidos,
analizando sistemáticamente todos los datos disponibles
para el siglo XX. Los estados con iniciativa popular gastaban
un 4% menos que el resto de los estados. Además, parece
que cuanto más fácil sea lanzar una iniciativa popular, mayor
será el impacto de este factor sobre el gasto: en los estados
con un porcentaje más bajo de firmas el gasto público era un
7% menor que en los estados sin iniciativa, mientras que el
impacto en los estados que exigen un porcentaje más alto de
firmas era prácticamente cero (Matsusaka, 2004).
La democracia directa también conduce a impuestos más bajos.
Si la iniciativa popular está disponible en un estado, cada
familia de cuatro miembros paga, como media, 534 dólares
menos de impuestos, lo que corresponde aproximadamente
a un 4% de los ingresos públicos. La diferencia es significativa,
pero no dramática en términos absolutos, de manera que
no puede decirse que el estado se haga ingobernable por este
motivo (Matsusaka, 2004).
Feld y Kirchgässner (1999) revisaron el efecto de los referendos
obligatorios en 131 de los mayores municipios suizos. Prefirieron
comparar municipios en vez de cantones, dado que los primeros
tienen un margen de maniobra presupuestaria mayor
que el de los cantones, donde este margen ya es considerable.
Hallaron que la disponibilidad de referendos obligatorios sobre
los presupuestos tenía un fuerte efecto a la hora de reducir déficit
presupuestarios. Kiewit y Szakaly (1996) habían llegado previamente
a las mismas conclusiones para los Estados Unidos.
Además, es claramente falso que si los ciudadanos pueden
elegir en asuntos fiscales, optarán sistemáticamente por bajar
los impuestos. Piper (2001) revisó todas las iniciativas populares
relacionadas con los impuestos en los estados norteamericanos
entre 1978 y 1999; en los Estados Unidos los referendos
opcionales no juegan un papel fundamental. Hubo
130 iniciativas populares sobre impuestos, de las cuales 86
buscaban una reducción de impuestos, 27 un aumento y 17 se
mantenían neutrales al respecto. De las iniciativas populares
que buscaban bajar los impuestos, el 48% fueron aprobadas,
es decir, menos de la mitad. De las iniciativas que buscaban
aumentar los impuestos se aprobaron el 39%. La diferencia
entre estos dos porcentajes es muy pequeña, y no están
muy lejanos de la media de iniciativas aprobadas en los Estados
Unidos, que es del 41%. En Suiza, los votantes también
aprueban de forma regular subidas de impuestos. En 1993,
un impuesto extra sobre la gasolina de 0,20 francos por litro
(aproximadamente 0,14 euros) fue aprobado, tras otro incremento
anterior en 1983 que también había sido aprobado en
un referéndum. En 1984 se aprobaron a través de referéndum
nuevos impuestos para el uso de autopistas y de camiones.
California es mencionada frecuentemente como ejemplo de
lugar donde los ciudadanos han tomado decisiones financieras
irresponsables a través de referéndum. Se ha dicho, por
ejemplo, que las iniciativas populares han fijado una parte
tan importante del presupuesto de California, y a la vez congelado
la posibilidad de introducir nuevos impuestos, que
como resultado los políticos no disponen de margen de maniobra.
Matsusaka (2005) examinó este argumento y concluyó
que, tras casi un siglo de democracia directa, el 68% del
presupuesto californiano estaba dictado por completo por
el sistema representativo, y que la posibilidad de introducir
nuevos impuestos prácticamente no había sido restringida.
A pesar de la importante responsabilidad de los políticos por
la pobre situación financiera de los estados occidentales, aún
son capaces de darle la vuelta a la tortilla. El senador belga
Hugo Vandenberghe defendió su oposición al referéndum
con las siguientes palabras: «El pueblo no debe asumir ninguna
responsabilidad por sus decisiones. Pueden decidir
perfectamente bajar los impuestos y dos semanas más tarde
aumentar las pensiones de la seguridad social» (De Standard,
19 de diciembre de 1992).
Lo cierto es exactamente lo contrario, por supuesto: al final
será siempre la gente la que deba pagar la factura por un
presupuesto deficitario, en la forma de mayores impuestos
y peores servicios públicos. Los políticos individuales en los
sistemas representativos, que son los únicos que pueden decidir
sobre el nivel de impuestos y sobre la deuda nacional,
nunca deben pagar personalmente las consecuencias de sus
decisiones. Nunca han debido pagar ni un céntimo por gastos
que los ciudadanos no habían pedido o que han producido un
aumento de la deuda nacional. Una vez su mandato ha expirado
– siendo posiblemente recompensados con una generosa
pensión – simplemente pasa al siguiente puesto político.
De hecho, el senador Vanderberghe menciona un argumento
clave a favor de la democracia directa: ya que la gente siempre
debe asumir las consecuencias de las decisiones presupuestarias
y fiscales, es perfectamente lógico que también sea la
gente la que tenga la última palabra sobre estos asuntos.
c) Menazas a las minorías
De acuerdo con este argumento, la democracia directa se
convertirá en un arma en manos de las mayorías para oprimir
a las minorías y para establecer una dictadura.
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