hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

es y oponentes de una iniciativa reciben iguales oportunidades
de hablar, el impacto de la diferencia económica
de unos y otros en el proceso de formación de opiniones
puede ser radicalmente reducido.
El estado debería tomar medidas que permitieran una
cultura de formación de opiniones imparcial. El servicio
de radiotelevisión pública puede jugar un papel clave en
esto, suponiendo que permanece enteramente independiente
de las fuerzas políticas y comerciales. Esta
independencia debe ser claramente visible. Por esta razón
es absolutamente necesario que la publicidad directa e
indirecta se mantenga fuera de las emisiones públicas.
2. no debería haber intervención directa de los medios
impresos. Mayer (1989, p. 118) cita la propuesta de la
‹Aktion Volksentscheid› (en Achberg, Alemania del sudoeste)
para obligar a los medios de comunicación (radio,
televisión y publicaciones con una circulación por encima
de las cien mil copias) a publicar las iniciativas ciudadanas
y a proporcionar oportunidades iguales de hablar a
los promotores y a los oponentes. Esta iniciativa podría
atentar contra la libertad de prensa. Los medios de comunicación
deberían tener también oportunidad de expresar
una preferencia a favor o contra una iniciativa. El estado
puede, sin embargo, utilizar las grandes cantidades de
dinero usadas actualmente para subsidiar a los medios
públicos y la propaganda gubernamental para financiar
espacio para publicidad electoral en los referendos y
las elecciones. En esto que podríamos llamar ‹Espacio
público de Información Democrática› en los periódicos,
el principio del igual acceso a los medios de información
debería estar garantizada para los proponentes y oponentes
de una iniciativa dada. El diseño debería mostrar
claramente que este ‹espacio público de información› es
publicidad electoral. Cualquier confusión con elementos
editoriales debería ser evitada.
3. algunas semanas antes del referéndum, todo votante
debería recibir un folleto informativo en el cual la esencia
de la propuesta es explicada, los promotores y oponentes
citan brevemente sus argumentos, y los partidos políticos,
sindicatos, cuerpos profesionales, grupos de interés especial,
etc. anuncian su recomendación de voto. Este tipo de
folleto ha sido un estándar durante largo tiempo en Suiza
y varios estados de los EE.UU.
Además de estas medidas positivas, algunas medidas negativas
son también necesarias. El gasto en las campañas
electorales debe ser limitado, no sólo en elecciones de representantes,
sino también en referendos. Los presupuestos
de promotores y oponentes de la iniciativa ciudadana deben
ser públicos. (En la sección del capitulo 5 sobre California,
hemos explicado por qué algunos jueces de los EE.UU. han
dictaminado que el gasto ilimitado en los referéndum esta
protegido por el principio de libertad de expresión, mientras
que aceptan restricciones en el gasto electoral para elecciones
a representantes, debido al peligro de corrupción. En Europa,
sin embargo, este asunto es visto de forma diferente).
Tanto los nombres de los principales donantes de la campaña
como la cantidad de dinero disponible debe ser público, lo
que ya ocurre en varios estados norteamericanos, incluyendo
California. Es también posible garantizar un nivel mínimo
de financiación. Una iniciativa ciudadana que ha recogido
el número suficiente de firmas para un referéndum ha probado,
en cualquier caso, que está tratando sobre un asunto
relevante socialmente. Esto puede ser recompensado proporcionando
al comité promotor de la iniciativa con un nivel
básico de financiación, de forma que las iniciativas con muy
poco apoyo financiero también tienen una oportunidad para
ser oídas. El mismo principio aplica en muchos estados europeos
para los partidos políticos, que normalmente reciben
fondos del gobierno basado en su nivel de afiliación o en el
número de representantes en el parlamento. No hay ninguna
razón para dar fondos gubernamentales a los partidos políticos,
pero no a los comités ciudadanos que han conseguido
alcanzar el número de firmas requerido para un referéndum.
Después de todo, ambos han mostrado que disfrutan de un
cierto nivel de apoyo público.
Estas medidas deberían crear un espacio para la formación
imparcial de opiniones. El hecho de que una democracia tenga
éxito o falle depende en gran parte de la cualidad de su
libertad de debate publico. Normalmente no es la obligación
del estado el proporcionar activamente los medios de debate
a los ciudadanos. Los ciudadanos deberían tener absoluta
libertad para formar foros especiales para debatir y formar
opiniones, y estos foros deberían ser libremente regulados
por sus fundadores. Dicho de otra forma, es lo mismo que
el debate democrático que precede la toma de decisiones legislativas.
En este contexto, además de los foros privados, un
foro especial debería ser creado por el estado constitucional
que esté disponible para todos los ciudadanos, y donde éstos
puedan ser oídos de forma igualitaria, independientemente
de sus recursos financieros.
f ) Imposibilidad de refinar y cualificar los
asuntos
de acuerdo con este argumento, los referendos deberían ser
rechazados debido a que son demasiado ‹crudos› y simplistas,
ofreciendo sólo las opciones de ‹si› o ‹no›. Este argumento
fue usado, por ejemplo, por el anterior primer ministro
belga Dehaene («Conozco pocos problemas que puedan ser
solucionados con un si o un no») en una entrevista en el
canal belga RTBf, el 4 de octubre de 1992.
Sin embargo, desde el punto de vista de los ciudadanos, una
democracia directa proporciona una mayor posibilidad de
sutileza y discriminación de un sistema representativo puro.
En el último, los votantes sólo pueden elegir entre un número
limitado de ‹paquetes de opiniones políticas› (generalmente
no más de 10): los programas de los partidos. En la
práctica, estos programas nunca coinciden en su totalidad
con las elecciones que harían los votantes por si mismos si
tuvieran que decidir sobre estos asuntos.
Una reciente encuesta Gallup mostró cuan serio es este
problema. La encuesta preguntó a mil votantes americanos
sobre veinte asuntos políticos de actualidad. Parecía que la
mayoría de las preferencias de la gente mostraban una mezcla
de puntos de vista ‹conservadores› y ‹progresistas›. Esta
mezcla no estaba reflejada en ningún programa electoral de
partido. Por ejemplo, los americanos generalmente apoyan
un sueldo mínimo por encima del actual (82%), el registró
obligatorio de armas de fuego (72%), y el restablecimiento
de relaciones diplomáticas con Cuba (56%). Estos son opiniones
‹progresistas›. Pero el tratamiento racial preferencial
en las escuelas y los negocios (la así llamada ‹discriminación
positiva›) es rechazada por el 85% de la gente, el 78% quieren
una reducción general de los impuestos y el 69% quiere
que sean legalizadas las oraciones religiosas en las escuelas
públicas. Esto son típicamente objetivos conservadores. Hay
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