hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

ser convocado por el presidente del gobierno, por lo que se
aproxima más a la figura del ‹plebiscito› que al referéndum
propiamente dicho. La Iniciativa Popular, al no culminar en
la celebración de un referéndum vinculante sobre el texto
legal propuesto, no puede considerarse propiamente una herramienta
de democracia directa.
Los argumentos esgrimidos por los constituyentes de 1978
para limitar el alcance de las herramientas de democracia
directa en la Constitución Española han dejado de tener sentido
treinta años más tarde. La debilidad del sistema de partidos
políticos, tras cuarenta años de dictadura, ha dado paso a
un sistema que no dudaríamos en calificar de excesivamente
fuerte, hasta el punto de dejar sin efecto los derechos de participación
directa de los ciudadanos recogidos en el artículo
23.1 de nuestra Constitución. Un sistema representativo
tan rígido y excluyente de toda posibilidad de participación
directa supone un peligro real para la salud de nuestra democracia.
El desencanto de muchos ciudadanos con nuestro
sistema político, que se traduce en cada vez más elevados
índices de abstención y en un extendido desprestigio de la
clase política, son solo sus principales síntomas. Es preciso
que futuras reformas de la Constitución Española extiendan
los derechos de participación directa de los ciudadanos, mediante
la introducción de una iniciativa popular que culmine
en la celebración de un referéndum vinculante, y de un referéndum
iniciado por los ciudadanos.
Respecto al ámbito municipal, y a pesar de los más de mil
años de historia documentada de la democracia directa a nivel
local en España, la compleja regulación y las restricciones
impuestas al uso de la iniciativa y el referéndum han convertido
estos dos instrumentos en algo casi inútil. El Concejo
Abierto ha permanecido como un sistema prácticamente
desconocido, limitado a pequeñas poblaciones localizadas en
su mayoría en áreas aisladas del país. No hay registros sobre
los referendos locales celebrados en España hasta ahora, ni
sobre los cientos de municipios funcionando en un sistema
de Concejo Abierto.
El Concejo Abierto debería ser regulado en los niveles legislativos
estatal y autonómico. Esta Ordenanza del Concejo
Abierto debería incluir un apartado que defina las disposiciones
generales y obligatorias que debe cumplir cualquier
Concejo Abierto, y otro apartado que contenga lo que es
costumbre en cada municipio específico. Los gobiernos estatal
y autonómicos deberían proteger los Concejos Abiertos
existentes, manteniendo un registro de ellos y apoyando esta
institución. Tampoco hay ninguna razón por la cual un municipio
con más de cien habitantes no pueda gestionarse en
un sistema de Concejo Abierto. El ejemplo de Suiza, donde
municipios con muchos miles de habitantes se gestionan a
través de una asamblea ciudadana, es suficiente para probar
este argumento.
En lo que se refiere a la iniciativa y el referéndum a nivel
local, la falta de casos de utilización de la primera herramienta
podría ser atribuida a su reciente implementación (en el
2003), pero en cambio el referéndum ha estado disponible
desde 1985. Puesto que la ley estatal no fija el número de
firmas que deberían apoyar una propuesta de referéndum, el
alcalde y el consejo municipal son libres de convocar o no el
referéndum. Además, los representantes políticos en la mayoría
de los municipios españoles no han mostrado ningún
apoyo por este tipo de iniciativas.
Incluso donde el referéndum está regulado por los parlamentos
autonómicos, el número de firmas es todavía muy
alto, no está clara la obligación del alcalde y el concejo municipal
de convocar el referéndum o de aplicar su resultado, y
demasiados asuntos importantes están excluidos de su uso.
Sin olvidar el requerimiento de pedir autorización al gobierno
estatal antes de convocar el referéndum. Demasiadas
restricciones y ambigüedades, y por tanto demasiado pocos
ejemplos de referendos locales celebrados en España.
Es importante que la ley que sustituya a la actual LBRL regule
con más detalle la iniciativa y el referéndum local. En
particular, creemos que las reformas que mencionamos a
continuación garantizarían iniciativas y referendos justos y
libres en los municipios españoles.
• El alcance del referéndum debería incluir algunos asuntos
excluidos en la legislación actual. Debería poder ser objeto
de referéndum cualquier materia de competencia municipal
(y no solo aquellos asuntos de la ‹competencia propia
municipal›, que incluyen una lista de materias mucho más
restrictiva)
• No hay razón para mantener el alcance del referéndum limitado
a asuntos de carácter local. Si los concejales pueden
tomar decisiones sobre asuntos de carácter extra-local,
cuando afectan al municipio, los votantes deberían tener
ese mismo derecho.
• Mantener la restricción del referéndum a aquellos asuntos
‹de especial interés para los ciudadanos› es en el mejor de
los casos redundante, y en el peor, ambigua. Es redundante
porque si un número razonable de ciudadanos apoyan con
su firma la propuesta, es claro que ésta es de especial interés
para los ciudadanos. Es también ambigua, y algunos representantes
políticos podrían decidir por sí mismo lo que
es de interés especial para los ciudadanos y lo que no.
• No hay ninguna razón para excluir del alcance del referéndum
los asuntos relativos a la hacienda local. Los asuntos financieros
pueden mejorarse gracias a la transparencia que
requiere la democracia directa, y los ciudadanos podrían
hacer oír su voz en asuntos tan importantes.
• Es preciso eliminar el requisito de pedir autorización al gobierno
estatal o a los autonómicos.
• Es necesario regular en la legislación estatal el número de
firmas requerido para pedir un referéndum. Las leyes autonómicas
podrían reducir este número de firmas en sus
leyes respectivas.
• Es importante mantener el número de firmas en un rango
razonable. El actual diez por ciento de firmas (para las iniciativas
locales) es demasiado alto para las grandes ciudades.
Debería ser definido, tanto para la iniciativa como para
el referéndum, un porcentaje más bajo para las ciudades de
más de 50.000 habitantes, y no requerir más del dos por
ciento en las ciudades de más de un millón de habitantes.
• La legislación estatal debería establecer claramente el carácter
vinculante de la petición de referéndum, cuando dispone
del apoyo de suficientes firmas y cuando cubre los
requisitos legales que se establezcan. El alcalde y el concejo
municipal deberían estar obligados a convocar el referéndum,
y a aplicar su resultado.
Además, los municipios deberían informar a los ciudadanos
y a las organizaciones de la sociedad civil sobre la disponibilidad
de estas herramientas de democracia directa, y fomentar
su uso apoyando las iniciativas ciudadanas. Con esas reformas,
sería posible hacer de los municipios españoles algo
parecido a las pioneras experiencias democráticas de los ciudadanos
de la España del siglo X.
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