hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

Hay todavía otra manera de enfocar el problema del dinero
y la democracia directa. Matsusaka comparó sistemáticamente
los resultados de referendos en los Estados Unidos con los
resultados de encuestas de opinión pública. Mientras que el
lanzamiento de una campaña de referéndum puede significar
un gasto de varios millones de dólares, una encuesta de
opinión puede costar solo un par de miles de dólares. En este
último caso, no hay ninguna distorsión posible por parte de
los ‹intereses económicos›. Matsusaka analizó una enorme
cantidad de datos que cubrían todo el siglo XX. Su conclusión:
«Para cualquier asunto que he podido examinar, las iniciativas
populares dirigen el asunto en cuestión en la misma dirección
que la apoyada por la mayoría de los encuestados. No he sido
capaz de encontrar ninguna evidencia o ejemplo en el que la
mayoría de los encuestados no desean los cambios propugnados
por la iniciativa popular» (>matsusaka, 2004, pp. xi-xii)
Toda la información mencionada hasta ahora se refiere a los
Estados Unidos. En Europa apenas se ha realizado algún estudio
sobre el papel del dinero en la democracia directa ya
que el dinero juega un papel menos relevante. En Suiza ha
habido varios referendos en los cuales una cantidad relativamente
elevada de dinero se ha gastado, pero el nivel no es
comparable al de los Estados Unidos.
La experiencia nos muestra que hay dos elementos importantes
a considerar en este asunto: las fuentes de financiación de
los promotores de las campañas deben ser conocidos públicamente,
y todas las partes implicadas deben tener oportunidades
suficientes para que su opinión sea conocida por los
ciudadanos. La importancia de la transparencia con respecto
a las finanzas es ilustrada por innumerables ejemplos. Una
iniciativa popular antinuclear en Montana en 1978 disponía
de sólo 10.000 dólares para hacer campaña. Los oponentes
de esta iniciativa gastaron 260.000 dólares. No obstante, la
iniciativa popular obtuvo en referéndum un apoyo del 65%.
A lo largo de la campaña, el hecho de que el dinero de los
oponentes de la iniciativa proviniera principalmente de fuera
de Montana, y sobre todo de la industria nuclear, fue mencionado
insistentemente. Una iniciativa similar contra la energía
nuclear tuvo lugar un poco después en Oregon en 1980.
Aquí, de nuevo, los proponentes de la iniciativa obtuvieron
una resonante victoria en el subsiguiente referéndum, ya
que pudieron hacer llegar su mensaje a los ciudadanos. En
este caso, y a pesar de los magros recursos económicos de los
proponentes, el grupo pudo acceder a los medios de comunicación,
la radio y la televisión (ver Cronin 1989). Es llamativo
que las organizaciones con gran poder económico muestren
muy poco entusiasmo por la democracia directa: «Grupos
económicamente muy poderosos han mostrado gran resistencia
a la introducción del referéndum en varios estados
como Minnesota, New Jersey y Rhode Island. La AFL-CIO,
grupos empresariales o cámaras de comercio han luchado
activamente contra las iniciativas populares en los últimos
años, frecuentemente con el argumento – bastante irónico –
de que las iniciativas populares cuestan mucho dinero y que
sólo los grupos de gran poder económico pueden hacer uso
de ellas» (Cronin, 1989)
Está claro que el dinero siempre tiene un impacto sobre
la toma de decisiones de la democracia directa. Pero este
impacto es, cuanto menos, igualmente grave para la democracia
representativa, y puede ser reducida igualando la
financiación de las diferentes campañas. Por este motivo,
progresistas californianos como Shultz no piden un retorno
al sistema representativo puro, sino medidas especificas
para disminuir el papel del dinero en las campañas. Frey
y Bohnet (1994) escriben: «No puede negarse que partidos
o grupos de interés económicamente poderosos son más
capaces de lanzar iniciativas y de producir propaganda que
grupos con poca o ninguna capacidad organizativa. No tiene
sentido, sin embargo, intentar conseguir una democracia
totalmente igualitaria; siempre habrá diferencias entre individuos
y organizaciones a la hora de influir en la dirección
de la política. Es también cierto que los grupos ricos y bien
organizados son más poderosos. La cuestión más importante
no es, sin embargo, si hay tales diferencias, sino bajo que
reglas son más beneficiados los más ricos y mejor organizados.
Sin embargo, la actividad de lobby es más eficiente en
tanto el sistema sea menos democrático. Incluso sin elecciones,
por ejemplo en las dictaduras, los grupos de interés
especial ejercen influencia sobre el poder. En la Unión
Europea, los grupos de interés son capaces de ejercer más
influencia que los países miembro por separado, porque la
Unión Europea es menos democrática (Andersen y Elliansen,
1991). En Suiza, incluso cuando existe una coalición
entre los grupos de interés y la élite política, parece que este
‹frente› no siempre alcanza sus objetivos, y ciertamente no
en los asuntos más importantes.
El problema de la manipulación por parte de los medios de
comunicación en la distribución de información no es un
problema de la democracia directa; es un problema de la
democracia como tal. Dos realidades colisionan entre sí en
este contexto. Por un lado, los medios son principalmente
privados, y por otro la diseminación de opiniones a través de
los medios cae bajo el principio de la libertad de prensa. Esto
restringe la libertad de expresión en dos direcciones. Los medios
tienen la tendencia a defender los puntos de vista de sus
propietarios, y los grupos o individuos ricos pueden dirigirse
al público comprando publicidad en los medios. Por otro
lado, las iniciativas ciudadanas con pocos fondos tienen poca
oportunidad de que sus voces sean oídas.
Atacar la libertad de prensa no puede resolver este problema.
Así, el estado constitucional debe organizar su propio foro,
cuya función principal es servir de terreno de discusión y
para facilitar la información a los ciudadanos. Tal foro debería
crearse alrededor de las siguientes tres consideraciones:
1. no hay ninguna razón por la cual la radio y televisión pública,
financiada a través de impuestos, debería ocuparse
de la creación de ‹entretenimiento›. El entretenimiento
es una actividad prominentemente comercial, y puede ser
llevado a cabo mejor por los medios privados. El estado
constitucional no tiene más motivos para crear entretenimiento
que el que tiene para hacer, por ejemplo, gafas de
sol o comida de perro.
Las tareas del estado constitucional derivan de su objetivo
de conseguir igualdad ante la ley y la protección de los
derechos y libertades fundamentales. Desde esta perspectiva,
es la obligación de los medios públicos asegurar el
libre acceso a la información y a los productos culturales
que los ciudadanos necesitan para tomar parte activa en la
vida pública.
Esta obligación debe ser considerada en un sentido
amplio: incluye acceso a las noticias de actualidad, a los
eventos culturales relevantes que no son ofrecidos en los
canales comerciales, y programas de análisis. Su misión
clave, sin embargo, es apoyar el proceso de formación de
opiniones democrático. Organizando debates imparciales
y cuidadosamente preparados, en los cuales los promoto-
73