hechos y argumentos sobre la introducción de la iniciativa y el ...

Ni en la ley estatal ni en la legislación autonómica se ha previsto
la participación de los promotores del referéndum en el
pleno del Ayuntamiento. En cambio, en el ejercicio del derecho
de petición, cabe la defensa oral de la consulta popular
en el Pleno, si el Alcalde así lo acepta. Por tanto, los promotores
de la iniciativa de referéndum podrán pedir al Alcalde,
en el ejercicio del derecho de petición, la exposición oral de la
iniciativa ante el Pleno, con carácter previo a su deliberación
y votación. En cualquier caso, el Alcalde tendrá la facultad
discrecional de aceptar o denegar, de forma motivada, la petición.
Una vez tomado el acuerdo de someter a referéndum
la cuestión propuesta, es preciso solicitar la autorización del
gobierno de la nación para convocar el referéndum.
¿Cómo se solicita la autorización del gobierno
Corresponde al alcalde solicitar al gobierno la autorización
para la convocatoria de referéndum. Donde existe legislación
autonómica esta autorización debe realizarse por intermediación
del gobierno autonómico, lo que dilata aun más su
tramitación. El plazo del que dispone el gobierno para dictar
el acuerdo es de tres meses, que puede ser prorrogado tres
meses más. Transcurrido ese plazo, se entenderá concedida
la autorización por silencio administrativo.
Otra cuestión importante es el tipo de criterios que puede
usar el gobierno para conceder, o no, la autorización. En otras
palabras, ¿puede ser la decisión del gobierno discrecional La
respuesta es un rotundo no. La finalidad de la autorización
es controlar la legalidad de la solicitud del referéndum, como
coinciden en señalar tanto sentencias del Tribunal Constitucional
como el artículo 8.2 de la Carta Europea de la Autonomía
Local. El gobierno debe limitarse a comprobar que
se ha seguido correctamente el procedimiento (solicitud del
alcalde, previo acuerdo del pleno por mayoría absoluta, etc.)
y cumplido los requisitos materiales (que la materia sea de
carácter local, de competencia propia municipal, etc.).
En cualquier caso la necesidad de solicitar autorización al gobierno
para la celebración de un referéndum, que sólo puede
afectar a asuntos locales, no tiene precedentes en ningún país
de nuestro entorno. Se trata de un requisito extraordinariamente
restrictivo que atenta contra la autonomía municipal
reconocida por nuestra Constitución. Este requisito no está
incluido en la Constitución, sino introducido por la LRMR,
la LBRL y por diversos estatutos de autonomía. Es además
innecesario porque la legalidad de la solicitud de referéndum
siempre puede ser impugnada ante los tribunales, e incluso
suspendida por el delegado del gobierno si entiende que el
acuerdo atenta «gravemente el interés general de España».
Las impugnaciones son las técnicas habituales de control
externo de los actos locales, frente a las autorizaciones, que
revisten un carácter excepcional en la legislación española.
Lo más lógico es que se elimine este requisito en una futura
reforma de la legislación de régimen local.
¿Cómo se convoca el referéndum
Según la ley estatal, el encargado de convocar el referéndum
es el Alcalde. Sin embargo, la legislación catalana y gallega
atribuye esta responsabilidad a la Generalitat y a la Xunta
de Galicia. Según Ibáñez Macias (Pág. 191) esto vulneraría
la legislación estatal y debería ser corregido. Ni la legislación
estatal ni las leyes autonómicas fijan un plazo para convocar
la consulta, lo que sería deseable, estableciendo un plazo
muy breve para evitar dilaciones por razones de mera oportunidad
política.
La ley estatal no fija el contenido de la convocatoria, por lo
que debería aplicarse la LORMR, que indica que la convocatoria
deberá:
1) contener el texto integro del proyecto de disposición
o de la decisión objeto de la consulta
2) señalar claramente la pregunta
3) determinar la fecha en que se celebrará el referéndum.
Las leyes autonómicas incluyen las dos últimas disposiciones,
pero no hacen mención a la primera, lo que dificulta que el
electorado conozca con detalle el asunto objeto de la consulta.
Tanto en Cataluña como en Andalucía y en Navarra, el referéndum
no puede convocarse ni ser celebrado en el periodo
que media entre la convocatoria y la celebración de otras
elecciones. Se trata de una limitación temporal excesiva. Lo
lógico seria aprovechar la celebración de elecciones para celebrar
el mismo día la consulta popular, lo que ahorraría gastos
y evitaría el cansancio del electorado. En el resto de las
comunidades autónomas los únicos periodos excluidos son
aquellos afectados por estados de excepción y sitio, aplicando
lo establecido por la LRMR. En Andalucía y Navarra el asunto
objeto de referéndum no puede ser sometido a una nueva
consulta durante el periodo de tiempo que reste a la Corporación
Municipal hasta las siguientes elecciones locales.
La administración electoral competente para controlar el proceso
referendario son las Juntas Electorales de la Comunidad
Autónoma y de Zona, en las tres comunidades autónomas
que tienen legislación al respecto. En el resto del país la ley
estatal no fija este punto, por lo que urge su regulación en
una futura reforma de la LBRL.
¿En que consiste la campaña electoral
La campaña electoral es una de las fases más cruciales de todo
el proceso referendario, puesto que se trata de influir a los votantes
y convencerles de que voten en un determinado sentido.
Su duración no puede ser inferior a 10 días ni superior a
20 (excepto en Andalucía, donde no puede exceder los 15 días).
Puede hacer campaña cualquier persona física o jurídica. Sin
embargo, no todos tienen igual acceso a los medios de información
de titularidad pública. En Cataluña y Andalucía se permite
este acceso a los grupos políticos con representación municipal
y a los promotores de la iniciativa de referéndum. En el
resto de comunidades autónomas habría que aplicar de forma
supletoria la LOREG, por lo que únicamente tendrían acceso
los partidos políticos. Ambas regulaciones son insuficientes, y
no respetan el principio de igualdad que debería amparar a los
promotores de todas las opciones, que en el caso del referéndum
son los proponentes del voto a favor, en contra, en blanco
y la abstención. Debería admitirse la participación de las asociaciones
de vecinos más relevantes. Esta ampliación de los
titulares del acceso a los medios públicos debería hacerse en
la legislación estatal o en la autonómica, ya que el Reglamento
Municipal no es competente para regular este punto.
Ni la legislación autonómica ni la estatal establece ningún
límite a los gastos que pueden hacerse en la campaña electoral.
Este olvido es peligroso, ya que deja abierta la posibilidad
de que agentes con gran poder económico puedan abusar de
esa ventaja para intentar influir en los votantes en una dirección
determinada. Es un problema que, en cambio, está previsto
en la LOREG para las elecciones municipales, donde se
limitan los gastos que los partidos pueden hacer en la campaña
electoral. Es importante que la legislación autonómica
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