Proceso-1985

AYOTZINAPA
Benjamín Flores
una lista de deficiencias del gobierno federal:
Las mismas que detectó en 2011 cuando
visitó el país durante 13 días para constatar
las denuncias que había en ese tiempo.
“La única diferencia de lo sucedido en
Iguala con las desapariciones ocurridas
durante la Guerra Sucia y las de años recientes
es la magnitud, el número de desaparecidos.
En mis cuatro años de encargado
del Grupo de Trabajo no he recibido ningún
caso así de ningún país”, sostiene Dulitzky
en entrevista con Proceso.
“Mi presencia aquí refleja la importancia
que la comunidad internacional le
está dando a los hechos de Iguala”, dice.
Y explica que todas las desapariciones
sucedidas desde los setenta comparten
ciertas características: “Aparente implicación
del crimen organizado, dificultades
de coordinación entre autoridades
federales y locales, falta de reacción inmediata,
insuficiencia en la legislación y
desconfianza de los familiares en el sistema
de justicia, en los ministerios públicos,
las policías y las fuerzas armadas”.
Así, denuncia la “impunidad crónica que
contribuye a la perpetuación de las desapariciones
forzadas”.
Enumera otros errores del gobierno: carece
de políticas públicas para combatir las
desapariciones, de coordinación horizontal
y vertical entre los niveles de gobierno
y de un sistema nacional de búsqueda,
además de que ni siquiera ha delineado un
marco legal adecuado para investigar, juzgar
y sancionar a los responsables.
Sobre las dudas que generó la última
versión del procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, en el sentido
de que los jóvenes secuestrados fueron
calcinados, Dulitzky explica: “Eso (la incredulidad)
es porque hay una situación
de desconfianza que trasciende este caso
y que está todavía sin resolver. (…) El Estado
no estaba preparado para esto”.
“¡Nos engañaron!”
Minutos después de la entrevista con este
semanario, Dulitzky se reunió con diputados
de la Comisión Especial que indaga
el caso Iguala en la Cámara de Diputados.
Ahí escuchó loas al Ejército, institución
que, según sobrevivientes del ataque, no
los ayudó.
Como informó más tarde Ricardo Mejía
Berdeja, diputado de Movimiento Ciudadano
(MC), durante la reunión el secretario de
la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos
Zepeda, justificó el actuar del Ejército durante
la noche de los ataques: “¡Nos engañó!
El secretario de Seguridad Pública de
Iguala nos mintió. Nos dijo que no habían
secuestrado a nadie, que ellos no iban custodiando
los camiones de los estudiantes
ni tampoco habían detenido a nadie. ¡Nos
mintió, nos engañaron!”.
El deslinde del secretario sólo lo convalidaron
los representantes de PVEM y
PRI. Los de PT, PRD y MC cuestionaron la
poca verosimilitud de la afirmación del
militar. Panal y PAN guardaron silencio.
Ante los diputados de la comisión especial,
Dulitzky aclaró que el GTDF-ONU no
hace investigaciones ni pretende sustituir
a las autoridades, pero que tanto su grupo
como “el relator sobre la tortura, el relator
de independencia judicial, el titular de
Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
todos hemos señalado que uno de
los principales problemas que tiene la administración
de justicia en México es que se
apoya en declaraciones testimoniales.
“En general, muchas de las declaraciones
testimoniales son obtenidas bajo
coacción o tortura, éste es un problema,
y no estoy diciendo y no quiero que así
lo interpreten, que en este caso la haya
habido. Lo que yo digo es que todos los
organismos internacionales de derechos
humanos han señalado que el principal
instrumento de investigación penal en
México es la declaración testimonial o la
confesión. Y esto crea graves problemas
de confiabilidad en la justicia, por eso es
tan importante la participación de los peritos
argentinos.
“Creemos que muchos casos son consecuencia
de encubrimiento de uso excesivo
de la fuerza, de modo que hay que
regular el uso de la fuerza.”
En esa junta detalló que, aunque la dimensión
del caso Iguala (“es gravísimo”)
lo trajo de nueva cuenta a México (en 2011
visitó Guerrero, Chihuahua, Coahuila y el
Distrito Federal), se debe entender que la
desaparición forzada de los 43 estudiantes
“es un caso entre miles y miles de casos”.
Dulitzky rechaza que el caso de Iguala
sea un crimen de Estado. “Se trata de una
desaparición forzada, que es diferente a
cualquier otro crimen porque no es cometida
por error, negligencia o exceso. Es una
política, es un acto planificado. Uno no
secuestra, mantiene oculta a la persona y
niega su privación de libertad. Y no hace
un montaje para mantener en secreto esta
práctica”.
Recuerda que, producto de la visita en
2011, el GTDF-ONU hizo 33 recomendaciones
al gobierno de México. El descubrimiento
de fosas clandestinas en Iguala,
dijo, “demuestra que las conclusiones a que
llegamos, las recomendaciones y la falta de
cumplimiento de ellas, siguen vigentes”.
Durante el encuentro con los legisladores
aseguró que si se hubieran aceptado,
algunas de las propuestas “hubiesen
permitido al Estado estar mejor preparado
para responder a un incidente como éste”.
Lo que es imprescindible para México,
enlista, es reconocer la dimensión del
problema, construir una base de datos genéticos,
crear una ley general sobre desapariciones
forzadas, tipificar el delito a
escala federal –donde se explicite que este
crimen ocurre cuando participan autoridades
o cuando intervienen grupos civiles
con aquiescencia de las autoridades– y
fundar un Instituto Nacional de Ciencia
Forense, entre otras recomendaciones.
Según la averiguación previa en torno
al caso, no hay acusaciones de desaparición
forzada: “Si la observan, las consignaciones
no son sobre desaparición
forzada, de modo que quienes sean condenados,
si es que alguien es condenado
por los hechos de Iguala, no van a recibir
condena por desapariciones forzadas. Y
esto es porque hay una limitante en el
marco legislativo actual y una diferencia
entre cómo se regula el secuestro y cómo
una desaparición forzada.
1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 15