Proceso-1985

Notimex
Kingery. Tráfico de armas
agente, sobre la compra de siete fusiles AK-
47 hecha por Kingery, quien se identificó
con una licencia de manejo vencida.
Con la sospecha de que esas armas habían
sido compradas ilegalmente para un
tercero, los agentes interrogaron a Kingery
el 5 de diciembre de ese año en la casa
de su madre en Arizona. Tres días después
los agentes regresaron para revisar
los fusiles, pero Kingery ya no estaba.
Beatty averiguó que el sospechoso había
cruzado varias veces a México entre
enero y diciembre de 2008. Los agentes sospechaban
que transportaba dispositivos
para fabricar granadas, las cuales fueron
luego vendidas a algún cártel, presumiblemente
el de Sinaloa. Kingery era conocido
como Míster Granada entre las organizaciones
de narcotraficantes.
Según un informante entrevistado por
Beatty, Kingery asesoró a narcotraficantes
sobre cómo armar fusiles tipo AK-47 y dispositivos
explosivos hechizos.
En octubre de 2009 Beatty recibió un reporte
de otro agente de la ATF, dependencia
del DOJ, en McAllen: vía internet, Kingery
había pedido a un proveedor militar
fusibles y 120 carcasas de granada.
Agentes de la ATF interceptaron el 2 de
noviembre de 2009 la entrega de los componentes
y los marcaron de modo que
después pudieran ser identificados. Los
siguientes cuatro meses los agentes interceptaron
otros dos envíos de piezas de Kingery,
los marcaron para rastrearlos y los
mandaron a la dirección del estadunidense.
Luego los agentes intentaron vigilar al
sospechoso para ver si éste trasladaba la
mercancía a México. Además los funcionarios
trataron de trabajar con sus pares
mexicanos para seguirlo o arrestarlo, y en
ambos casos fallaron.
El 5 de enero de 2010 Beatty supo que
Kingery había solicitado 400 carcasas, 100
fusibles, 4 mil percutores y 4 mil seguros a
dos armerías. La ATF interceptó ese cargamento
el 26 de enero.
El día 28, luego de marcarlos para su
monitoreo, agentes encubiertos entregaron
los dispositivos en la casa identificada como
dirección de envíos de Kingery e iniciaron
una vigilancia diaria. Pero el 1 de febrero
la suspendieron pues no había movimiento
ni reemplazos para los agentes a cargo.
Oficiales de la ATF en Yuma, Arizona,
averiguaron el 2 de febrero que Kingery ya
había entrado y salido de México. Al reiniciar
la vigilancia detectaron que el traficante
enfilaba hacia la frontera. Un agente
dio aviso a un colega mexicano, pero como
éste no estaba cerca de la línea fronteriza
no pudo aprehender al estadunidense.
El 15 de junio de 2010, agentes de la estadunidense
Oficina de Aduanas y Control
Fronterizo (CBP) detuvieron a Kingery
cuando estaba por pasar la frontera, legalmente,
por Arizona. Al revisar su vehículo
descubrieron una llanta de repuesto rellena
con 114 carcasas de granadas, 114 fusibles
y más de 2 mil municiones.
Horas más tarde, agentes de CBP y del
Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)
entrevistaron a Kingery y, tras de un intercambio
con el fiscal asistente Emory Hurley,
de la Fiscalía de Distrito de Arizona, lo
liberaron con la promesa de que volvería
al día siguiente.
Cuando esto ocurrió, agentes de la ATF
y del ICE lo interrogaron y lo dejaron nuevamente
en libertad, sin presentar cargos
en su contra.
Según la fiscalía de Arizona, se tomó
esa decisión con la idea de que Kingery se
convirtiera en informante. Pero agentes involucrados
en la operación dijeron a la OIG
que eso nunca ocurrió y la fiscalía se negó
a abrir un proceso criminal en su contra.
El 22 de junio de 2010, luego de que los
oficiales de la ATF perdieron contacto con
el sospechoso y de que éste fuera aprehendido
al tratar de reingresar a Estados Unidos,
Beatty y un agente del ICE le pidieron
de nuevo a la fiscalía que presentara cargos
en su contra. No lo consiguieron.
Las armas perdidas llegaron a su destino.
Soldados mexicanos capturaron el 30
de agosto de 2010 a seis individuos y recuperaron
varias granadas de mano, dos de
las cuales contenían marcas similares a las
puestas en las carcasas y fusibles interceptados
por la ATF en noviembre de 2009.
El 20 de marzo de 2011 militares mexicanos
se enfrascaron en una refriega con
narcotraficantes y les confiscaron 15 granadas,
de las cuales cuatro contenían componentes
transportados por Kingery.
El 31 de agosto de 2011 autoridades
mexicanas, con ayuda de la ATF, detuvieron
en Mazatlán a Kingery, encarcelado en
México desde entonces.
El 10 de octubre de 2013, integrantes
del Cartel de Jalisco Nueva Generación
atacaron a policías estatales en Tepatitlán,
mataron a tres uniformados e hirieron
a tres más. Les arrojaron al menos 10
granadas, una de las cuales pertenecería
a los cargamentos transportados por Kingery,
según una ficha informativa del 15
de octubre de ese año elaborada por Jonathan
Ortiz, agente especial de la ATF en
México.
El mismo patrón
Estados Unidos llevó a cabo al menos tres
operaciones de contrabando de armas.
Primero la operación Receptor Abierto, desarrollada
en dos partes entre marzo de
2006 y diciembre de 2007 a cargo de agentes
de la ATF de Tucson, Arizona. Esa investigación
se centró en varias adquisiciones
de armas al menudeo, entre ellas
fusiles de asalto, trasladadas ilegalmente
a México.
Pese a tener grabaciones telefónicas
y otras evidencias, los agentes no arrestaron
a ningún sospecho y decomisaron
menos de la cuarta parte de las más de
400 armas compradas.
El caso Kingery y la operación Rápido
y Furioso (FF, por sus siglas en inglés)
se traslaparon, pues la segunda arrancó en
noviembre de 2009 y se prolongó hasta los
primeros meses de 2011.
El proyecto Traficante de Armas, iniciado
en 2005 bajo la presidencia de George
W. Bush, sirvió de paraguas para las tres
actividades.
FF ha sido la más escandalosa, pues
una de sus secuelas fue el asesinato el 14
de diciembre de 2010 del agente del CBP
Brian Terry en el desierto de Arizona con
dos fusiles tipo AK-47, de las casi 2 mil armas
que el gobierno de Estados Unidos
dejó pasar a México y de las cuales perdió
aproximadamente mil 400.
En septiembre de 2012 la OIG emitió el
reporte Una revisión de la operación Rápido y
Furioso de ATF y asuntos relacionados. Su conclusión
fue que ambas acciones fueron defectuosas,
especialmente en cuanto a su falla
en considerar adecuadamente el riesgo
a la seguridad pública en Estados Unidos
y México que provino de una estrategia de
no aplicar la ley abiertamente contra individuos
que compraban armas ilegalmente.
El DOJ “no aprendió la lección, fue un
experimento y no funcionó; aun así volvieron
a hacerlo” con otras operaciones,
50 1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014