Proceso-1985

ERUBIEL TIRADO
La otra caída del sistema
El Estado no puede, ni debe, combatir la ilegalidad… con ilegalidad.
Miguel Ángel Granados Chapa
Tlatlaya y Ayotzinapa son la
expresión grave del colapso de la
estrategia de seguridad punitiva
y militarista trazada por al menos
dos sexenios panistas, junto
con la falta de voluntad del actual
gobierno priista de cambiarla de
fondo. Si bien la atención mundial
se concentra en Guerrero,
las cuestiones que involucran los
dos hechos se entrelazan para
formar un escenario poco halagüeño
sobre el futuro del país. Se
afecta gravemente no sólo la seguridad
sino las estructuras políticas
y el tejido social en varias
regiones del país (tenemos ya
niños secuestradores además de
niños sicarios).
Los números oficiales de incidencia
delictiva son exaltados
según el interés del gobierno;
por ejemplo la tasa de homicidios
dolosos a la baja, cuando en
realidad está muy por encima
de la ocurrida hace una década. Otros
parámetros permanecen igual o a la
alza, como la extorsión y el secuestro.
Se aplican medidas contrainsurgentes
como la permisividad de los grupos de
autodefensa en Michoacán, la Gendarmería
se estrena para proteger del secuestro
zonas de altos ingresos (Valle
de Bravo) y el silencio sobre lo que pasa
en las calles con las manifestaciones
delictivas violentas favorece al crimen
organizado, como lo demuestra el asesinato
de Rosario Fuentes en Tamaulipas,
el miércoles 15.
La situación no está bajo control pese
al silencio que se impuso a la mayoría de
los medios de comunicación. En las pocas
intervenciones públicas que tuvo como
asesor del gobierno peñista, el general
colombiano Óscar Naranjo se refería a
nuestra situación como una “crisis humanitaria”.
Los adjetivos palidecen ahora si
se compara con las expresiones de preocupación
y condena de los organismos in-
ternacionales multilaterales y ONG
de derechos humanos.
Desencanto verde olivo
El pasado 22 de octubre el presidente,
siguiendo un ritual antiguo
del sistema político, utilizó su investidura
para proteger y cubrir la
responsabilidad de las fuerzas armadas
en el asesinato de 22 civiles
en Tlatlaya, Estado de México. No
fue casual la referencia discursiva.
Un día antes la CNDH había dirigido
la recomendación 51/2014 a la
Segob y la Sedena, con conclusiones
contundentes (que los medios
no destacaron): Los militares cometieron
un crimen de lesa humanidad
(15 ejecuciones, 3 de ellas sin
definir la manera en que ocurrieron
los asesinatos).
Así contradice la versión de la
propia PGR (que reconoce sólo ocho
ejecuciones) y deja mal parada a
la Sedena, que desde el primer momento
mintió (como lo hiciera el gobernador),
y luego, cuando fue imposible ocultar su
responsabilidad, procuró que todo quedara
en meras cuestiones de indisciplina
militar, sin importar las implicaciones de
su comportamiento: Falta de cumplimiento
de sus propias normas (el Manual del uso
de la fuerza, que por cierto prevé que si hay
bajas civiles en su aplicación, los militares
involucrados sólo serían responsabilizados
penalmente por homicidio no intencional),
66 1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014