Proceso-1985

Pese a las dudas, a Peña Nieto
“le urge” cerrar el caso
YETLANECI ALCARAZ
BERLÍN.- El gobierno mexicano desplegó
la estrategia de cerrar lo
más pronto posible el caso Ayotzinapa
sin una investigación profunda.
Pretende así desactivar el movimiento
social generado por la desaparición de
los 43 normalistas. Pero ello sólo siembra
más dudas entre los padres de los estudiantes
y genera una reacción contraria,
pues las inconsistencias de las investigaciones
alientan la posibilidad de que los jóvenes
sigan vivos.
Tal es el análisis de Abel Barrera Hernández,
fundador de Tlachinollan, Centro
de los Derechos Humanos de la Montaña
y parte del equipo que representa legalmente
a los padres de los 43 estudiantes
desaparecidos.
Barrera viajó a esta ciudad invitado por
la sección alemana de Amnistía Internacional
(AI) con el propósito de reunirse con
la sociedad civil y con representantes del
Parlamento y el gobierno alemanes.
En entrevista con Proceso, Barrera señala
los problemas que como parte coadyuvante
del caso les ha tocado enfrentar,
enlista la serie de irregularidades que
desde su punto de vista ha tenido la investigación
y advierte sobre la intención del
gobierno de aislar el caso y reducir su responsabilidad
sólo a la autoridad municipal.
“El hecho de ser coadyuvantes en el
caso de los 43 estudiantes desaparecidos
nos ha generado una fricción fuerte con las
autoridades federales porque hay desconfianza
hacia nuestro trabajo. Temen que al
acceder a los expedientes filtremos información
delicada y que no puede manejarse
tan libremente fuera del espacio
de investigación. Nosotros
en cambio lo vemos como un
pretexto para impedir que se
cumpla esa garantía a la coadyuvancia
a la que tienen derecho
las víctimas”, dice.
Luego de la conferencia
de prensa donde el procurador
Jesús Murillo Karam presentó
los avances en las investigaciones
en el caso de
los 43 desaparecidos, los padres
de familia, se supo, manifestaron
su desacuerdo en
cuanto a que la información
y los videos fueran dados a
conocer.
Barrera –galardonado en 2011 con el
Premio de Derechos Humanos de AI– explica
que más allá del aspecto humano, el
motivo por el cual se pidió la reserva de la
información tiene que ver con la percepción
y su efecto irreversible de presentar sólo
una línea de investigación como una verdad
absoluta.
“No se puede presentar a los medios
de comunicación y a la opinión pública
una línea de investigación como algo resuelto,
porque aunque se aclare que sólo
es una línea, el efecto es otro: Es una forma
simulada para decir que este caso casi
está cerrado, cuando no es así.
“Los padres le comentaron incluso al
procurador la coincidencia de que al día siguiente
de su conferencia, el presidente Peña
Nieto se iba de viaje. Se trató de un claro
cierre del caso con los resultado presentados
para que los medios de comunicación
los reprodujeran mientras el presidente volaba
y poder presentarse en escenarios internacionales
diciendo que se está avanzando
en el caso”, señala.
Según Barrera, también preocupa que la
investigación se restrinja a partir de ahora a
la sola declaración de los tres presuntos autores
materiales, sin indagar a la autoridad.
“Una fuente fundamental de información
son también los policías que detuvieron
a los estudiantes. Sólo se sabe que los entregaron
y con ello se robustece la línea de
investigación hacia el grupo criminal Guerreros
Unidos, pero se deja de lado aquella
que conduce a toda la red de complicidades
entre las policías municipales de Iguala
y Cocula y los funcionarios públicos de esos
municipios.
“Por otro lado también se tiene la ac-
Barrera. Dudas
tuación misma del Ejército, que no intervino.
Iguala cuenta con un batallón y fuerzas especiales
que se supone están para combatir al
narcotráfico. Estamos entonces frente a un
posible caso de omisión que tiene que ser investigado;
cómo es posible que en un evento
en el que hubo uso de armas y se perpetró un
delito grave de desaparición, nadie hizo nada.
Cosa aparte son las innumerables fosas
clandestinas encontradas de las que ya tampoco
nadie habla”, argumenta.
Irregularidades
Enumera al menos cuatro irregularidades
dentro del proceso y que a su modo de ver
le restan credibilidad a la investigación:
Primero la prisa por arrojar resultados
preliminares que reducen la línea de investigación
a un sólo grupo armado; partir sólo de
las declaraciones de tres presuntos autores
materiales –cuando se ha mencionado la posible
participación hasta de 15– sin corroborar
sus dichos con una investigación; la falta
de trabajo de inteligencia y del uso de tecnología
para la búsqueda de los jóvenes; y las
tácticas dilatorias para no informar a los padres,
toda vez que, asegura, los expedientes
de la causa fueron turnados a un juez en Matamoros,
Tamaulipas.
“Todo esto deja una incógnita mayor en
la sociedad. No podemos negar que hay
desconfianza a priori en el órgano investigador
de México porque en otros casos no se
ha concluido con detenciones claras contra
los responsables. El mejor ejemplo de ello
es el crimen de Arturo Cardona, líder de la
Unidad Popular.”
En tanto la encargada de México y América
Latina de Amnistía Internacional Alemania,
Maja Liebing, coincide con Barrera en
cuanto a que la responsabilidad de los sucesos
de Ayotzinapa debe ser asumida plenamente
por el gobierno mexicano.
En entrevista señala que en reuniones
con la embajadora mexicana en Berlín,
Patricia Espinosa Cantellano, el discurso
se mantiene inmutable y apunta
al gobierno municipal como único
responsable.
“Por desgracia ellos tienen otra
interpretación de la situación en México.
El gobierno federal no niega
que hay grandes problemas e incluso
reconoce la responsabilidad de
la policía local, pero como gobierno
central se mantiene alejado de cualquier
tipo de responsabilidad. Incluso
nos señalan que nuestra campaña
está mal enfocada porque nos
dirigimos al gobierno federal (…) Definitivamente
no asumen su responsabilidad
y creemos que ese debería
ser el primer paso para poder cambiar
algo”, enfatiza.
Miguel Dimayuga
18 1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014