Proceso-1985

Aunque la recién creada División de Gendarmería se formó
para proteger las actividades productivas, en Nuevo
León–estado líder en captación de inversión extranjera
directa– se organizó una Policía Militar. Todo indica que
se trata de un nuevo modelo para resguardar al capital
extranjero, sobre todo el destinado al sector energético,
de la violencia que prevalece en el país. Como en el plan
no se tomó en cuenta la seguridad de los ciudadanos,
Roberto Gallardo, presidente de Rescatemos Nuevo León,
llama a la nueva corporación “la policía del fracking”.
El Ejército cuidará a los empresarios,
no al pueblo
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY, NL.- El gobierno
del priista Rodrigo Medina
anunció el arribo de 3
mil 200 soldados a Nuevo
León que integrarán la
Policía Militar (PM) para
realizar labores preventivas. Su cuartel
se construirá con aportaciones de los
tres niveles de gobierno y de empresarios
locales.
Ante la proyección oficial de que este
año la inversión en el ramo energético de
la entidad alcance mil 500 millones de dólares,
con obras de infraestructura para la
industria petroquímica y plantas eléctricas
y eólicas, especialistas y políticos opositores
interpretan la creación de la PM
como un nuevo esquema de protección a
los intereses de las industrias trasnacionales,
después de la apertura del sector a
la inversión extranjera.
El pasado 21 de octubre el presidente
Enrique Peña Nieto se reunió en la
residencia oficial de Los Pinos con los integrantes
de la cúpula empresarial regiomontana,
conocida como El Grupo de los
10. No se difundió información oficial del
cónclave, pero fuentes gubernamentales
indican que encabezó a los magnates el
presidente de Femsa, José Antonio Fernández
Carbajal.
Dos días después, el gobierno de Nuevo
León anunció que en las instalaciones
de la Séptima Zona Militar, en el municipio
de Escobedo, se construirá un cuartel
para cuatro batallones de 800 soldados,
destinados a fungir como policías en la
entidad. Inusualmente, fue el tesorero Rodolfo
Gómez Acosta quien detalló que la
inversión será de 420 millones de pesos.
Según él, los trabajos iniciarán este
mes y se planea que un año después la
nueva corporación comience a trabajar en
Nuevo León, pero también en San Luis Potosí
y Tamaulipas, que forman parte de la
Cuarta Región Militar.
Y Jorge Domene, vocero estatal de seguridad,
precisó después que los empresarios
locales aportarán 150 millones de
pesos: 100 millones el Grupo de los 10, y
el resto otros inversionistas. Por la parte
oficial, dijo, el gobierno de Medina erogará
100 millones; los 51 municipios, 50 millones;
la Sedena, 50 millones, y entre Tamaulipas
y San Luis Potosí 70 millones de
pesos. Según el funcionario, las contribuciones
de los ayuntamientos provendrán
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal (Fortamun).
No obstante, no ha quedado claro si el
trabajo de la nueva corporación se regirá
por el fuero civil o el castrense, indefinición
que ya ha generado prolongadas disputas
en tribunales en casos de militares
sometidos a proceso penal.
Las Fuerzas Armadas patrullan Nuevo
León desde enero de 2007, un mes después
de que Felipe Calderón asumiera la
Presidencia de la República. Mediante un
convenio de colaboración con el gobierno
estatal para auxiliar a las policías estatales,
soldados y marinos rondaban las calles
con su uniforme, pero instalados en
patrullas de Seguridad Pública.
En ese lapso se incrementaron las quejas
por detenciones de inocentes y aun por
la muerte de personas ajenas al crimen
organizado, como los estudiantes Jorge
Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco
Arredondo Verdugo, tiroteados por soldados
la noche del 19 de marzo de 2010 en el
campus central del Tec de Monterrey.
Otro caso de impunidad es el homicidio
del joven Jorge Otilio Cantú, asesinado a
balazos por militares el 18 de abril de 2011
cuando circulaba por el sur de Monterrey,
pues –a decir de los uniformados– lo confundieron
con un maleante. Ningún responsable
de estos crímenes ha sido sentenciado.
Con estos antecedentes, 68 frentes
civiles, personalidades públicas y asocia-
42 1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014