Proceso-1985

ANÁLISIS
JESÚS CANTÚ
La gota que derrame el vaso…
Las declaraciones y acciones del gobierno
federal sobre el caso de los 43 normalistas
desaparecidos enardecen los
ánimos y multiplican e intensifican las
ciudadanas. Hasta ahora la intervención
gubernamental provoca el efecto contrario
al que pretende: no atina a encausar la
solución por las vías institucionales ni a
brindar una explicación creíble acerca de
los lamentables acontecimientos del 26 y
27 de septiembre… Y sus recursos empiezan
a agotarse…
En un primer momento el gobierno
federal buscó mantenerse al margen y
pretendió responsabilizar de la tragedia al
gobierno del estado; a raíz de la presión
nacional e internacional, tuvo que atraer
el caso y hacerse cargo de las investigaciones,
pero ante los nulos resultados decidió
tramitar la licencia del gobernador
perredista, Ángel Aguirre.
El sacrificio no cumplió su cometido,
pues no sólo no contribuía en nada al
avance de las pesquisas o a la localización
de las víctimas, sino que parecía un intento
para salvarlo de la acción de la justicia y
así evadir sus responsabilidades políticas,
administrativas y penales. Los familiares
de los desaparecidos y la ciudadanía en
general ignoraron la medida, intensificaron
sus protestas y la inconformidad se
extendió a otras entidades y países.
La inconformidad subió de tono: a la
par que se multiplicaban las movilizaciones
pacíficas, también empezó la toma
de alcaldías, la destrucción de vehículos,
los daños en los edificios públicos y otros
desmanes, algunos claramente realizados
por personas infiltradas.
En esa coyuntura, y en la víspera de
un viaje internacional del presidente Enrique
Peña Nieto, el procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, ofreció
una conferencia de prensa en la que dio a
conocer que tres de los detenidos confesaron
que habían asesinado, calcinado y
arrojado a un río las cenizas del grupo de
personas que les habían entregado los policías
municipales de Iguala y de Cocula,
con lo cual pretendía cerrar el caso.
Sin embargo, la declaración tampoco
cumplió su cometido: los padres de familia
de los desparecidos mantuvieron sus
exigencias y Murillo Karam, en compañía
del titular de la Secretaría de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo
una nueva reunión con ellos el pasado
martes 11, en la que el gobierno federal se
comprometió a redoblar la búsqueda.
Así, cuatro días después de pretender
cerrar el caso, al declararlos virtualmente
muertos y culpar de la ejecución a los
policías municipales de Iguala y Cocula
y a los integrantes del grupo delictivo
Guerreros Unidos, decidió intensificar la
búsqueda y mantener “todas las líneas de
investigación abiertas”.
Sin embargo, los titubeos y contradicciones
de las autoridades responsables de
las investigaciones y de la seguridad nacional
son evidentes, además de que generan
más descontento e inconformidad;
por ello prefieren tolerar todos desmanes
y actos vandálicos en diversas partes del
país, y una y otra vez afirman que no iniciarán
ninguna acción legal, lo cual evidencia
el estado de ingobernabilidad en
varias regiones de la república.
El gobierno federal no logra resolver el
caso, y cada día que pasa se vuelve más remota
la posibilidad de que lo pueda hacer
en el futuro; pero en su intento por atemperar
los ánimos y restablecer el orden ya
utilizó dos de sus mejores opciones. Mientras
tanto, Acapulco, uno de los principales
destinos turísticos de México, acusa la
cancelación de miles de reservaciones de
visitantes nacionales y extranjeros con el
consiguiente impacto económico; la ingobernabilidad
se extiende a las entidades
colindantes, y las protestas afectan la actividad
cotidiana, de manera notable en
los casos de Oaxaca y Michoacán.
El gobierno federal se encuentra en
una verdadera encrucijada, pues la promesa
que les hizo a los padres de los desaparecidos
el pasado martes 11 lo coloca
en peores condiciones que al inicio de su
intervención, porque después de 45 días
de investigaciones infructuosas las probabilidades
de encontrarlos con vida –o de
que al menos los restos hallados permitan
obtener evidencias irrefutables de que
se trata de ellos–, los resultados con muy
cercanos a cero. Por lo tanto, el compromiso
de los titulares de las secretarías de
Gobernación y de la PGR sólo tuvo la intención
de postergar el estallido, mas no
resolver realmente el problema.
El caso es que el paso del tiempo sigue
actuando en contra del gobierno. Las
alternativas a su disposición disminuyen,
mientras que la incompetencia, ineficacia
e infiltración de las fuerzas de seguridad y
el Ministerio Público impiden integrar una
averiguación previa que permita reconstruir
los sucesos de esos días y castigar a
los responsables.
Los acontecimientos de Iguala no
son un hecho aislado, sino uno más de
los crímenes de Estado que permanecen
impunes, pero ahora sí el hartazgo de la
sociedad parece estar llegando a su límite
y todo indica que el gobierno tendrá que
dar mucho más que explicaciones increíbles
y renuncias de algunos funcionarios.
Esta puede ser la gota que derrame el vaso
y conduzca finalmente a la tan anhelada
reforma del Estado, aunque hasta el momento
la clase política mexicana todavía
no parece dispuesta a comprometerse en
una empresa de tal envergadura.
1985 / 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 65